Recuperación económica en la periferia de la eurozona: relatos de un espejismo

Artículo publicado originalmente en la web del CADTM

En mayo de 2010, Grecia inició una serie de “rescates” en el seno de la eurozona supervisados por lo que se comenzó entonces a denominar como la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y FMI). Lejos de suponer aquello una barrera de contención, al crédito de 110.000 millones de euros concedido al país heleno le siguió otro en noviembre de aquel año para Irlanda, por 85.000 millones. A ella le seguiría Portugal, en mayo de 2011 con un crédito de 78.000 millones de euros. En octubre de ese mismo año Grecia firmaba con la troika un segundo rescate por valor de 130.000 millones de euros. En junio de 2012, pese a haber asegurado antes lo contrario, el gobierno español pedía formalmente una ayuda en forma de línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros, en este caso para el rescate de una parte de su sector bancario, pero con cargo a la deuda del Estado. A finales de ese mismo mes era esta vez el gobierno de Chipre quien anunciaba la petición de asistencia financiera por valor de 17.000 millones de euros, de los que la troika concedió finalmente 10.000 millones, siendo el resto financiado por primera vez mediante quitas a bonistas y depósitos superiores a los 100.000 euros.

Transcurridos ya más de cuatro años desde aquellos tensos días de mayo, la situación económica se presenta aparentemente muy distinta y mejorada. Irlanda y Portugal han salido del tutelaje de la troika y España concluyó oficialmente su saneamiento bancario haciendo uso de poco más de 40.000 millones de los 100.000 millones de euros disponibles. Grecia y Chipre siguen intervenidas pero se muestran algunos signos de mejoría económica.

Desgraciadamente, como expondremos a continuación, un análisis más detenido de las cifras muestra unos resultados mucho menos halagüeños. Hay signos de mejoría, pero las causas que provocaron la crisis siguen intactas.

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La crisis en España no es fiscal, sino bancaria

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Capítulo 3 del libro Lo llamaban democracia. De la crisis económica al cuestionamiento de un régimen político (Colectivo Novecento)

La llegada de la crisis a España quiso ser vista como evidencia de una “insostenible” política económica, cimentada sobre un gasto público excesivamente generoso. Un Estado de bienestar que no podía pagarse. Las respuestas, primero del gobierno del PSOE en 2010, luego corregidas y aumentadas por el PP, dieron por bueno el argumento al acometer una política de recortes con la que recuperar la confianza de los inversores. Había  que recortar el gasto público a fin de reequilibrar los presupuestos, y hasta reformar la Constitución para priorizar el pago a los acreedores. Pero la crisis, antes que fiscal es bancaria, consecuencia de una gigantesca acumulación de deuda privada, sobre todo de grandes empresas —créditos bancarios casi en su totalidad— y de entidades financieras.

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El rescate bancario interminable

Foto: Álvaro Minguito

Foto: Álvaro Minguito

(Artículo publicado en el periódico Diagonal)

Un artículo del 17 de enero, recogido por El Blog Salmón, estimaba unas posibles necesidades adicionales de capital en la banca europea de hasta 767.000 millones de euros. Destacan la banca francesa y alemana con unas insuficiencias en torno a 285.000 y 200.000 millones de euros respectivamente, seguidas por la banca española, con algo más de 90.000 millones.

Los autores tomaron los datos publicados de 109 de los 130 bancos que desde noviembre quedarán bajo supervisión del Banco Central Europeo (BCE) para someterlos a las denominadas pruebas de resistencia. Básicamente se trata de partir de esos datos contables de las entidades para, sobre el papel, calcular mediante una serie de modelos estadísticos cómo evolucionarían ante diferentes escenarios adversos. Es de hecho lo que hará el propio BCE como paso previo a iniciar su labor supervisora.

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Activos fiscales y nuevas ayudas a la banca

Fotografía de Álvaro Minguito

Publicado en el nº 206 del periódico Diagonal

Aunque con menos ruido mediático, la banca española ha vuelto a ser centro de atención financiera y política este verano. El motivo esta vez son los llamados “activos fiscales diferidos” (DTA, por sus siglas en inglés) y los cambios al respecto en la normativa bancaria internacional a partir de enero de 2014. Una cuestión técnica y farragosa, pero que amenaza con suponer un nuevo rescate público a la banca privada.

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La troika toma el Congreso

(Artículo publicado en Público.es)

El pasado viernes 28 de septiembre se presentaba el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013. Estos se ciñen al Plan Presupuestario bianual 2013-2014 entregado a Bruselas el pasado mes de junio, y que fijaba un objetivo de recortes cifrado en 102.956 millones de euros. De ese total, 38.956 millones corresponderían a 2013, para alcanzar un déficit del 4,5% sobre el PIB frente al objetivo del 6,3% para este año. Con ello se pretendía cumplir con las Recomendación de Déficit Excesivo del Consejo Europeo y evitar así un segundo “rescate” pero que, como veremos, es más que dudoso que se logre.

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Escenarios para un rescate

Estos días se debate la posibilidad de que España tenga que ser rescatada por el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (EFSF, por sus siglas en inglés), como ya sucediera con Grecia, Portugal e Irlanda. No deja de ser ilustrativo que la posibilidad de ser rescatado genere pavor.

Técnicamente, el “rescate” es un crédito solicitado cuando un Estado no logra captar recursos por sí mismo en los mercados a un coste sostenible. Éste no es todavía el caso español, pero sí necesita ahora financiar repentinas y cuantiosas ayudas a su sistema bancario. En todo caso, ese crédito lleva aparejada una elevada condicionalidad, o lo que es lo mismo, la contrapartida de profundizar en la espiral de recortes. Normal los miedos.

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