Expertos, objetividad y odio a la democracia

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Publicado en eldiario.es

El pasado 15 de febrero se hizo público el informe de la comisión de 9 personas —8 profesores y un vicepresidente del Banco Santander— nombrada por el ministro José Ignacio Wert para la reforma universitaria. Desde el llamado Informe Universidad 2000, esta fórmula ha sido la elegida para el avance de las reformas neoliberales de la Educación Superior en España por unos y otros gobiernos. Son “expertos objetivos”, pero detrás de cada comisión siempre encuentras algún banco o gran empresa.

Este viernes una comisión de expertos sobre la reforma de las pensiones ha presentado su informe final en el Ministerio de Empleo. Se trata de 12 personas, de las cuales dos están vinculadas a la patronal de las cajas de ahorro, una a un banco, mientras cuatro han trabajado en aseguradoras o para su patronal. De 12, únicamente hay una mujer. Solo tres expertos —un representante de UGT, otro de CC.OO y un miembro afín al PSOE— parecían estar a favor de un sistema público de pensiones. Finalmente, aunque estos tres emiten un voto particular, el representante de UGT es el único que ha votado en contra del informe.

Parece así evidente que la conformación de las comisiones de expertos no son inocentes, ni plurales, ni equitativas. Pero aunque lo fueran, seguiría siendo antidemocrático fijar reformas de leyes fundamentales partiendo del criterio de estos denominados “expertos”. Sigue leyendo

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Más males para la Universidad pública

Wert y la Comisión de Expertos para la Reforma del SUE

El pasado viernes 15 de febrero se hizo público el Informe que la Comisión de Expertos (en la foto), nombrada por el ministro José Ignacio Wert, ha realizado de cara a la Reforma del Sistema Universitario Español que pretende impulsar el Partido Popular. Junto al Informe, se ha publicado una Addenda con dos votos particulares disconformes con algunos aspectos de aquel.

Por si la situación de la Universidad pública ya era difícil, la reforma propuesta en el Informe ahondaría aún más en los males que aquejan a la institución desde hace décadas. De aceptarse, estaríamos así ante una reforma i) antidemocrática; que ii) consagra la endogamia y las jerarquías enquistadas en la institución; mientras iii) se prosigue en el deterioro de lo público abriendo espacios de ganancia a la iniciativa privada a costa, entre otras cosas, de la economía de los estudiantes.

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