Consecuencias esperadas

Miguel González Abeytua

Hoy he leído este artículo sobre la introducción de la estructura 3+2 en la Educación superior en España que está despertando tantas críticas en el sector educativo y me ha invadido una doble sensación de indignación y desasosiego. Indignación porque es insoportable la ofensiva contra los derechos de las mayorías sociales que llevamos años sufriendo, y desasosiego porque este ataque lleva mucho tiempo en marcha. Sus desastrosas consecuencias ya fueron anunciadas.

Hace poco escuché decir que la diferencia entre el neoliberalismo y el liberalismo es que unos lucharon contra la nobleza y los otros luchan contra el Estado. Se podría discutir mucho sobre las dos patas de la afirmación pero me parece una descripción acertada por lo sintética y cargada de contenido de la misma. En la actualidad se encuentran en disputa elementos cruciales del “pacto social” asumido en Europa, por lo menos, desde la segunda mitad del s. XX. La alteración de ese pacto puede acabar siendo irreversible.

Parece claro que las fuerzas que impulsan el avance del neoliberalismo tienen un modelo de sociedad más o menos definido en sus mentes. O si no, por lo menos creo que a corto plazo reconocen las medidas que tienen que tomar para mantener el sistema en funcionamiento. Podríamos discutir largo y tendido sobre las contradicciones que pueda tener el modelo en sí mismo y si es sostenible o no a medio plazo, pero lo que parece cristalino es que, si no quiere encallar definitivamente, el capitalismo necesita eliminar con urgencia la gran mayoría de los derechos adquiridos por el conjunto de la sociedad.

No es mi intención extenderme en este punto, pero existen innumerables ejemplos concretos y actuales de cómo se intentan cercenar estos derechos desde los distintos niveles administrativos: el Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (más conocido por sus siglas en inglés TTIP) que se negocia estos días entre Estados Unidos y la Unión Europea supone un riesgo, en primera instancia, para los derechos laborales de los trabajadores de la UE; el “Plan Bolonia” y la serie de reformas educativas dirigidas por el ministro Wert los últimos años en España, que afectan a la naturaleza pública del conjunto del sistema educativo; el tosco intento de privatización de hospitales realizado en la Comunidad Autónoma de Madrid; las distintas reformas sobre el sistema de pensiones, que tendrán como consecuencia la reducción de su cuantía para el conjunto de sus preceptores. Esto por no hablar de los paquetes legislativos que sirven como marco para imponer estas medidas como el “Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (TECG)” de la Unión Europea o los cambios que se concretan en las Constituciones nacionales de los distintos Estados miembros, como nuestra famosa reforma del artículo 135 que antepone el pago de los intereses de la deuda frente a cualquier otro gasto público.

Como decíamos, la educación, la sanidad o las pensiones son “oasis” que “el sistema económico” necesita mercantilizar y absorber para seguir respirando. Además de nuevas áreas donde crear negocio, el atacar los sistemas educativos, sanitarios y el resto de coberturas existentes sirve para reconfigurar las relaciones sociales y las correlaciones de fuerzas que hacen que unos sectores sociales tengan más o menos capacidad para negociar y participar en la vida pública. De esta forma, tanto estas como otras reformas más o menos profundas, se producen con el menor conflicto social posible.

Nadie puede entonces sorprenderse cuando las consecuencias de este tipo de políticas se concretan en la vida de las personas: la Educación superior se encarece sustancialmente expulsando del sistema a la población más desfavorecida, los inmigrantes sin documentación se quedan fuera de la cobertura sanitaria, existen medicamentos capaces de curar enfermedades que la administración pública se resiste a financiar, etcétera, etcétera, etcétera.

Mi desasosiego viene porque estas y otras consecuencias se llevan anunciando y denunciando desde hace muchos años. La orientación final de los planes de reforma universitaria se cuestionan, por lo menos, desde finales de la década de los 90. Las conocidas como “mareas blanca y verde” en Madrid no se cansan de denunciar las catastróficas consecuencias que tendrán sobre nuestra sociedad los ataques que sus sectores están sufriendo por parte de las administraciones. Y la política suicida de la Unión Europea contra la mayoría de su población, al hilo de la globalización neoliberal, ya se denunciaba en las calles de Barcelona allá por 2002 e incluso antes.

Existen infinidad de colectivos que luchan de una manera incansable contra el ataque que la sociedad en su conjunto está sufriendo pero creo que la mejor “palanca de cambio”, la batalla crucial que podría ayudar a revertir la deriva de los acontecimientos, debe darse para desmontar y superar el aparato teórico y propagandístico que esconde la realidad de las razones y las consecuencias de las reformas que estamos sufriendo.

Dicho aparato debería haber quedado herido de muerte a la luz de los resultados de la última “crisis” que estamos viviendo, sin embargo, sigue vivo pizarra en mano. A pesar de la evidencia, nuestras universidades y medios de comunicación siguen dándole absoluta credibilidad y podemos decir que la batalla, por tanto, no ha terminado.

Todo el aparato teórico-propagandístico que justifica el conjunto de medidas descritas anteriormente no supera ningún tipo de prueba empírica si sus defensores intentan “vender” una mejora en las condiciones de vida de la mayoría de la población. Sin embargo, son los colectivos críticos los que parten de una situación de desventaja en cualquier debate y parece que se ven obligados a explicar las raíces profundas de los argumentos que defienden para desentrañar la realidad que se presenta tozuda ante nuestros ojos. Creo que es una trampa.

La crítica, tanto a cualquier medida concreta, como al conjunto del sistema, debe estar fundamentada y ser absolutamente rigurosa, pero esto no debe hacernos caer en un bucle infinito de crítica y justificación de la crítica. Entendiendo que existe una dialéctica en los procesos de crítica y construcción de alternativas pero creo que, una vez realizada la denuncia principal, la lucha ideológica debe pasar de una fase reactiva a una constructiva.

Las conclusiones ya probadas social e históricamente deben tratarse y asumirse como válidas y el reto consiste en situar el debate en las propuestas concretas, que den paso a nuevos escenarios de actuación.

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