La crisis bancaria y la bancocracia en España

Este artículo ha sido incluido como Anexo en el nuevo libro de Éric Toussaint, Bancocracia, Icaria, Barcelona, noviembre de 2014 y publicado en http://www.cadtm.org

Foto: Álvaro Minguito (www.alvarominguito.net)

Foto: Álvaro Minguito (www.alvarominguito.net)

El inicio de la crisis financiera internacional en el verano de 2007 apenas había supuesto una ligera desaceleración, con un crecimiento económico a velocidad de crucero del 3,5% frente al 4% del año anterior y el decimocuarto de aumento ininterrumpido de su PIB, iniciado en 1994. La economía española alcanzaba entonces por primera vez el billón de euros y era ya la octava más grande del planeta, rebasando a Canadá. Nada parecía hacer presagiar entonces el final de ciclo en el que se hallaba. Apenas una semana después de la quiebra de Lehman Brothers, el entonces presidente del gobierno español afirmaba: “quizá España tenga el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional”.

Entre los argumentos al respecto, en primer lugar, las entidades contaban con importantes colchones de capital, obligadas por el Banco de España. De hecho, la tasa de cobertura por el riesgo moroso alcanzó en abril de 2005 un máximo del 368%[1]. Segundo, la tasa de mora hipotecaria era muy baja, en torno al 0,5%. Las familias hacen lo imposible antes que perder su vivienda, en un mercado hipotecario muy ventajoso para la banca[2], en un país que cuenta además con un significativo porcentaje de viviendas en propiedad[3]. Y tercero, el Banco de España había logrado evitar que las entidades financieras bajo su supervisión participaran en los mercados de las CDO y otros derivados “tóxicos” similares en Estados Unidos. Tampoco se reprodujo ese patrón en la economía española, si bien algunos lo intentaron[4].

Esos factores explican por qué mientras otros Estados europeos como Alemania, Reino Unido, Países Bajos o Bélgica entre otros dedicaban importantes sumas de dinero público al rescate de bancos privados, el Estado español empleó ese año apenas el 0,21% del PIB (2.330,9 millones de euros) en ayudas[5]. Pero con ello se cayó también en un peligroso ejercicio de autocomplacencia que minusvaloraba importantes riesgos latentes y que finalmente afloraron. Destacamos los dos siguientes:

Primero, la elevada concentración del negocio bancario en el sector inmobiliario. Según datos del Banco de España, en 2007 los bancos tenían en promedio más de la mitad (concretamente un 56%) de sus préstamos en actividades vinculadas al sector inmobiliario: adquisición y rehabilitación de viviendas; construcción y préstamo promotor. Para el caso de las cajas este porcentaje alcanzaba ese mismo año el 73%, aunque con importantes diferencias entre ellas[6]. El sector de la construcción estaba hipertrofiado (17% del PIB en 2007) y ya en 2003 se construían en España más viviendas que en Francia y Alemania juntas[7]. La burbuja era innegable salvo para el gobierno, la banca y el Banco de España.

En segundo lugar, aquel círculo virtuoso de crecimiento económico estaba impulsado por una elevada acumulación de deuda privada (hogares, entidades financieras y empresas), con bancos y cajas como intermediarios. El vertiginoso aumento del crédito, con tasas de crecimiento de dos dígitos desde 1997, que llegaron a superar el 20% anual (algo más propio de economías como la china) pero con un reducido nivel de ahorro interno hacía que los bancos, para financiar esos créditos, recurrieran a capitales foráneos que llegaban a espuertas, ávidos ante las expectativas de negocio que ofrecía entonces la burbuja crediticia española.

La quiebra de Lehman, antes referida, supuso el cierre de los canales internacionales de financiación y con ello el cierre del grifo del que dependían las entidades españolas. Con todo, ya se evidenciaban algunos síntomas de agotamiento del boom y algunas entidades comenzaban en 2006 a deshacerse de sus filiales inmobiliarias[8]. Pero a partir de 2008 los bancos dejaron de poner en venta sus inmuebles, lo que evidenciaba que el precio de venta sería previsiblemente menor que el de su adquisición, lo que revelaría pérdidas con escasos recursos para cubrirlas.

Cabe preguntarse si un supervisor con reputación internacional, como por entonces tenía el Banco de España, no veía el problema latente que se escondía en los balances de las entidades. Los inspectores sí avisaron de algunos peligros pero chocaban con la inacción de sus superiores. El 18 de abril de 2005 enviaron una carta al entonces gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, para advertirle de la falta de medios legislativos, humanos y materiales para realizar su función. Un año después enviaron otra al entonces ministro de Economía, Pedro Solbes. Nada se hizo. El gobierno, fuese del PSOE o del PP, dejaba hacer al regulador, quien a su vez dejaba actuar a la banca. La institución, influenciada por los intereses particulares del poder financiero confiaba más en la autorregulación de los bancos que en ella misma.

 

El largo tránsito para reconocer el problema

El primer síntoma serio de que la solidez del sistema financiero español no era tal se evidenció con la intervención de Caja Castilla-La Mancha (CCM) el 28 de marzo de 2009, que recibió tanto ayudas directas de liquidez como garantías públicas para su posterior venta a Cajastur[9]. Sin embargo, aquello se interpretó como un síntoma de fortaleza, prueba de un supervisor que actuaba a tiempo. Como si CCM fuera la única sobreexpuesta al ladrillo.

La estrategia seguida por el gobierno de Rodríguez Zapatero, mantenida después por el ejecutivo de Rajoy ha sido transmitir confianza a los mercados y no destinar “ni un euro” de dinero público a la banca. Suena bien, pero aquel enfoque consistió realmente en tratar de mantener el statu quo en las relaciones de poder de las élites patrias, además de proteger a bonistas y otros acreedores de la banca.

Se reforzó el Fondo de Garantía de Depósitos y se creó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Pero además, para calmar a los mercados, la estrategia del gobierno fue establecer un programa de avales públicos con valor total de hasta 100.000 euros (un 10% del PIB) para la emisión de pagarés, bonos y obligaciones que hicieran las entidades financieras[10]. Con la medida no se daba, en principio, “ni un euro” de dinero público a las entidades financieras, pero en la práctica se trataba de socializar un riesgo privado. Además, las garantías se concedían por dogma de fe, es decir, sin analizar antes cuál era la situación real de quienes se avalaba.

También para no destinar ni un euro se fomentaron fusiones entre cajas con el Sistema Institucional de Protección (SIP) o “fusiones frías”. Este modelo consiste en que un grupo de cajas crea una sociedad anónima común para todas ellas a la que entregan la gestión de sus cuentas y, de esta forma, las posibles necesidades de capital de unas se compensarían con otras. Si no llegara a ser suficiente el FROB inyectaría el capital restante en forma de participaciones preferentes convertibles en acciones (conocidas como cocos). Para favorecer esas fusiones se reformó la ley de cajas (LORCA), pero con ello se abría la posibilidad de su conversión en bancos comerciales, vieja aspiración de la banca. Para garantizar una mayor robustez, el gobierno impuso a las cajas un coeficiente de capital regulatorio más alto que a los bancos, del 10%, que podía bajar al 9% si la nueva S.A. común emitía acciones, con lo que se les incentivaba a salir a bolsa. El proceso de fusiones cambió por completo el mapa bancario español, y con minúsculas excepciones[11] supuso el fin de las cajas de ahorros y su transformación en bancos. Pero además, lejos de servir para recapitalizar entidades, aquel proceso de fusiones sirvió para perder tiempo a cambio de hacer el problema más grande. El caso paradigmático al respecto fue, como veremos, el Banco Financiero de Ahorros, BFA-Bankia.

 

El primer rescate: la estafa de las preferentes

Pero antes de esto, la primera vía que encontraron las entidades fue la emisión de diversos instrumentos híbridos, como las preferentes o la deuda subordinada, entre particulares. Su apelación de híbridos se explica porque estos son una mezcla de deuda y capital, combinando rasgos de ambos, algo muy útil a los bancos, entre otras cuestiones porque les permite contabilizarlo como capital al tiempo que puede evitar algunos impuestos sobre éste. Tales instrumentos, legalizados en España en 2003 ofrecen al poseedor una rentabilidad superior al dividendo de los accionistas. Pero a cambio no pueden participar en las decisiones de la empresa ni tampoco devolver la participación al banco para recuperar su dinero. La única manera de convertirlas en dinero es mediante su venta en los mercados secundarios de estos títulos. El problema es que, desde el segundo semestre de 2007, los grandes inversores se habían retirado, por lo que vender estos títulos para recuperar el dinero resultaba ya más que complicado.

Por su elevada complejidad y riesgo, la legislación europea exige desde 2004[12] a las entidades seguir una serie de normas para informar a los ahorradores y comprobar que saben bien lo que compran. Sucede que en 2008 el Banco de España cambia oportunamente la legislación para aceptar estas preferentes en el capital ordinario Tier 1, justo en un momento en el que bancos y cajas habían perdido el acceso a los mercados financieros y necesitaban mejorar sus estructuras de capital. La solución, con la aquiescencia del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) fue la venta masiva de participaciones a más de 700.000 pequeños ahorradores. Algo único en Europa. Obviamente el porcentaje de ellos con conocimientos financieros sobre unos activos tan complejos era ínfimo. Por tanto, bancos y cajas lo que hicieron fue sencillamente saltarse la ley, engañando al personal en la venta. Muchos eran clientes “de toda la vida”, personas mayores que confiaron en su oficina de siempre. Cuando comenzaron a sentir los estragos de la crisis en ellos mismos o sus familiares e intentaron recuperar sus ahorros, descubrieron que habían perdido su dinero. Al respecto, aunque algunos bancos procedentes de cajas como Nova Caixa Galicia o Bankia tuvieron una participación destacada, los mayores emisores de preferentes fueron el BBVA y el Santander[13], si bien llegaron a acuerdos de canje con los estafados antes del arbitraje establecido por el gobierno[14].

 

La intervención de BFA-Bankia y el rescate de la troika

Si el esquema de fusiones frías ofrecía algunas dudas, la unión de dos grandes cajas (la valenciana Bancaja y Caja Madrid) las reunía todas. En primer lugar, los criterios para fusionarlas, junto a otras pequeñas entidades, obedecían a intereses propios del Partido Popular, que controlaba ambas, y no a consideraciones técnicas, que se obviaron. Pero además, fusionar dos entidades que arrastraban serias dificultades, solo lograba hacer más grande el problema. BFA-Bankia pasaba a ser entonces la cuarta entidad más grande por volumen de activos, equivalente a un tercio del PIB español. El máximo mandatario de la nueva entidad sería el presidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato. Ex ministro de economía durante el gobierno Aznar, ex director gerente del FMI y hombre prestigioso sin que se sepa aún el motivo, y quien decidió la salida a bolsa de Bankia.

BFA pasó a ser la parte de la corporación que concentraba todos los activos dudosos, mientras Bankia presentaba los de mejor calidad, lo que le haría más atractiva su salida a bolsa. Pero la operación no podía ser más absurda, en tanto que al formar parte de una misma sociedad, Bankia seguía vinculada a todos los riesgos acumulados en BFA[15]. Pese al visto bueno de la auditora Deloitte, el apoyo activo del gobierno y la gestión por JP Morgan y Lazard, la venta a grandes inversores (el tramo mayorista) resultó un fracaso. Por suerte para el banco y desgracia de miles de pequeños ahorristas, aún quedaba margen para otra nueva estafa. Y confiados, muchos particulares compraron.

En 2012 BFA anunciaba un beneficio de 309 millones de euros, que no se creyó ni la auditora Deloitte, quien se negó a firmarlo. Por su parte, el gobierno filtró las conclusiones de un informe del FMI las que, sin nombrarla, aludía a la grave situación de la entidad. Rato presentó un plan de recapitalización al Banco de España para cumplir con las nuevas exigencias en materia de provisiones de capital, lo que incluía 7.000 millones en ayudas públicas, pero su situación era ya insostenible y dimitió. Le sustituiría José Ignacio Goirigoizarri, procedente del BBVA, quien presentó un nuevo plan que eleva la petición de ayudas a 19.000 millones de euros, además de convertir en acciones los 4.465 millones en cocos inyectados por el FROB. Mientras, el beneficio de 309 millones de Rato se transformó en una pérdida de 2.979 millones de euros y, esta vez sí, con la firma de la auditora.

La tardanza en zanjar el tema Bankia había hecho que su resolución se diera en un contexto complicado, con la prima de riesgo de la deuda española disparada, en parte precisamente por las dudas sobre Bankia. Ante esa situación se recurrió finalmente al “rescate” financiero de la troika para financiar la nacionalización de BFA-Bankia, además de otras entidades de menor tamaño. Solo el rescate de Bankia supuso 23.500 millones de euros al Estado. La nacionalización de la entidad fue también financiada por los accionistas, que vieron como el precio de 3,7 euros por acción en su salida a bolsa pasaba a ser de un céntimo. Se había permitido y apoyado la venta de acciones de un banco virtualmente en quiebra.

 

La SAREB S.A., el banco peor

Entre las medidas que imponía el Memorándum de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) firmado con la troika, se exigía la creación de un “banco malo”, que recogería los activos de dudoso cobro de los bancos, permitiendo así limpiar sus balances. La idea a priori no era mala y se había llevado con éxito por ejemplo en la crisis bancaria de Suecia en 1992. Recordemos además cómo, por ejemplo, las entidades acumulaban inmuebles en lugar de venderlos para evitar que afloraran pérdidas. La SAREB, Sociedad de gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, pretendía corregirlo. Las entidades recapitalizadas con dinero público, reunidas en dos grupos[16], tendrían que transferirle sus activos al precio que fijara la SAREB con un descuento medio del 63% sobre el valor que tenían y un plazo de 15 años para venderlos con plusvalías, si puede.

Pero el tipo de banco malo establecido por la troika poco tiene que ver con el modelo sueco y seguía los parámetros (más dudosos) del NAMA, el banco malo creado por la troika en Irlanda. Básicamente se fijaba una participación mayoritariamente privada: 55% frente al 45% del Estado. Los fondos propios de la SAREB suponen el 8% de su pasivo, siendo el 92% restante bonos de deuda garantizados por el Estado. Y mientras vuelve a socializarse el riesgo, a los inversores privados se les ofrecen rentabilidades esperadas medias del 14%-15%.

Si podía tener algún sentido crear un banco malo era precisamente para separar los activos problemáticos de la banca, desconectando así ese riesgo de sus balances. Sin embargo, ante lo escasamente creíble de las rentabilidades ofrecidas por la SAREB[17], para cubrir la parte de financiación privada se ha recurrido a la participación de los principales bancos españoles (con la excepción de BBVA, que se ha negado), más la neerlandesa ING. De esta manera, no solo se vuelve a socializar un riesgo privado, sino que su diseño le hace inútil para resolver el problema por el que se supone fue creada[18]. Peor aún, la SAREB es una bomba de relojería[19].

 

Crisis y bancocracia española. Un problema más allá de las cajas

Pasados seis años desde el inicio de la crisis se intenta vender la historia de que la crisis fue ocasionada por las cajas y la intromisión de los políticos en las finanzas. Al fin y al cabo todas las entidades intervenidas eran cajas o bancos procedentes de estas. Al respecto es falso que solo las antiguas cajas recibieran ayudas públicas. Sí lo ha sido en el caso de las recapitalizaciones directas, de las que un tercio se concentraron en BFA-Bankia. Pero con esto no se cuenta las entidades saneadas y garantizadas por el Estado, luego vendidas a bancos por un euro. Tampoco las garantías públicas, entre ellas la emisión de bonos avalados por el Estado o las garantías públicas sobre los activos fiscales diferidos (DTA). Y todo esto sin contar tampoco la barra libre de liquidez ofrecida por el BCE a muy bajo coste y que las entidades han empleado para comprar deuda pública aprovechando los márgenes entre ambos tipos de interés.

Frente a esta interpretación reducida sobre la crisis bancaria y las cajas conviene precisar algunos aspectos. Primero, las cajas de ahorros eran privadas, sujetas a derecho privado. Como entidades sin ánimo de lucro y con labor social, contaban en efecto con representantes políticos, sindicatos y patronal. El problema no vino de ahí, como demuestra el hecho de que no todas las cajas fueron intervenidas, como en el caso de las cajas vascas, la andaluza Unicaja o la catalana La Caixa. La cuestión reside más bien en que con la desregulación financiera a partir de los noventa, las cajas quedaron en una situación indefinida, con una directiva sin responsabilidades concretas y potencialmente fuera de control. Como evidencia el caso de las tarjetas black en Caja Madrid[20], la situación permitía al gestor tomar el control de la entidad si lograba comprar al resto del consejo, lo que por desgracia incluyó a los representantes políticos y sindicales. El problema pues no fue nunca el control social de la entidad, sino la ausencia de este.

También cabe recordar que estas entidades, ahora tan denostadas, tuvieron un destacado papel en la salida de la crisis bancaria en los años ochenta. Asimismo, las cajas no generaron la burbuja inmobiliaria, sino que contaban con una mejor posición competitiva que los bancos, para invertir en la vorágine del ladrillo. Ante esta situación, las principales entidades bancarias optaron por otras vías complementarias, como la expansión internacional, pero sin renunciar tampoco al sector de bienes raíces. Recordemos que en 2007 más de la mitad de los créditos bancarios estaban concentrados en actividades inmobiliarias. Si los bancos no participaron más no fue por falta de ganas.

El rescate de las cajas ha dejado al descubierto las interrelaciones tóxicas entre el mundo financiero y el poder político. Al respecto, el problema no es la supuesta injerencia política en el mercado, sino más bien la mercantilización de la política. El colapso e intervención de algunas antiguas cajas hace que esas conexiones corruptas sean más visibles, pero las de los bancos no son necesariamente menores. A esta menor visibilidad ayuda también que la banca tenga el control de los principales medios de comunicación[21], ya sea como propietaria, prestamista y/o anunciante. Es asimismo la principal acreedora de partidos políticos.

Que el Banco Santander sea hoy el más grande de la eurozona es tanto mérito del difunto Emilio Botín como demérito de las autoridades. Entre las habilidades del banquero ha estado la de saber granjearse amistades a golpe de talonario. Una estrategia no tan diferente a la de algunas cajas y que sienta hoy como consejeros de la entidad a gente como Isabel Tocino, Abel Matutes o Rodrigo Rato; personas cuyo mayor mérito es haber sido ministros.

Botín mantuvo diversos encontronazos con la Justicia pero nunca llegó a ser juzgado. Unas veces porque cerraba la vía penal pagando. Otras porque incluso se llegó a crear doctrina jurídica propia, la “doctrina Botín”[22], que le libró de ser encausado por el caso de la venta de cesiones de crédito entre 1987 y 1989. Un activo financiero muy rentable gracias a su opacidad fiscal.

La relación de Botín con la Justicia queda bien ilustrada con su comportamiento cuando su número dos en 2011, Alfredo Sáez, fue condenado ese año por el Tribunal Supremo por un delito de denuncia falsa. Botín se negó a retirarle de su puesto como exigía el supervisor. Como “solución” el gobierno de Rodríguez Zapatero concedió a Sáez el indulto.

Sáez provenía del Banco Bilbao Vizcaya y fue el encargado por el supervisor para gestionar Banesto tras su intervención en 1993. En la subasta Botín logró comprar a la entidad y su gestor provisional[23], sin que el entonces gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo, viera nada extraño. En 2005 el ya ex gobernador entraba a formar parte del consejo de administración del Santander[24]. Sáez había llegado al BBV cuando éste adquirió Banca Catalana, entidad intervenida en los ochenta por el Banco de España y que había sido fundada por el padre del ex president de la Generalitat, Jordi Pujol. Precisamente la millonaria cuenta descubierta por la Agencia Tributaria en Andorra a Pujol se sospecha que pudiera tener su origen en este caso. Una fortuna escondida en paraísos fiscales, como la cuenta descubierta, en este caso vía filtraciones de Hervé Falciani, a la familia Botín en Suiza y que ocultaba a la Hacienda Pública un mínimo de 2.000 millones de euros.

El actual presidente del BBVA, Francisco González dirigía el holding de banca pública Argentaria que luego sería privatizado en su fusión con el Banco Bilbao Vizcaya para conformar el actual BBVA. El conocimiento de unas cuentas cifradas en paraísos fiscales, con la sombra del gobierno Aznar en la filtración llevó a la dimisión del entonces copresidente, Emilio Ybarra (cuya familia es propietaria del grupo de comunicación Vocento) y el reinado en solitario de FG en el banco.

Otra muestra más reciente: el máximo responsable de la supervisión financiera en el Banco de España hasta 2013, José María Roldán, pasaba en abril de 2014 a ejercer como presidente de la patronal bancaria. Ya no hacía falta ni guardar las formas.

 

Conclusión: el coste de la bancocracia en España

Las cifras del rescate bancario varían según qué tipo de ayudas incluyamos y porque al no estar concluido aún es susceptible de modificaciones. En todo caso, si consideramos solo las recapitalizaciones directas aportadas hasta 2012 inclusive, el coste asciende a 58.431 millones de euros (5,7% del PIB)[25]. Cierto es que si bien se trata de un porcentaje elevado, no es el principal motivo de que la deuda pública se duplicara[26] entre 2008-2012, sino que fue este el derrumbe de los ingresos fiscales ante el estallido de la burbuja inmobiliaria y la intensa destrucción de empleo consiguiente. Pero conviene recordar que esa burbuja se generó e infló precisamente mediante la intermediación financiera de bancos y cajas. Al margen de otros factores reactivos como pudieran ser la pertenencia al euro o la elevada liquidez internacional, la expansión crediticia fue también posible por la dejadez y complacencia de gobiernos y reguladores frente a las entidades financieras. Esta confianza en la autorregulación no solo favoreció el descontrol de las cajas, sino a que las autoridades identificaran los intereses privados de la élite financiera con los suyos como representantes públicos. Una bancocracia que marcaría la senda a seguir en torno a la diagnosis y gestión de una crisis que ellos mismos cimentaron.

Notas:

[1] Analistas Financieros Internacionales (AFI), Guía del Sistema Financiero Español, 6ª ed., Ediciones Empresa Global, 2012, p. 257.

[2] Así por ejemplo al no estar obligada a la dación en pago (cancelación de la deuda con la entrega del inmueble) el riesgo ante una caída de su valor recae sobre el deudor.

[3] Según datos del BCE, en 2013 el 83% de los residentes vivían en hogares de su propiedad, cifra solo superada por el 90% de Eslovaquia. A su vez, uno de cada tres (el 33%) tenía su vivienda hipotecada. Los resultados de la encuesta del BCE pueden consultarse aquí:

http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr130409_1.en.html

[4] En 2001 y2002 el Banco Santander y Caja Madrid intentaron emitir títulos similares a las CDO de Estados Unidos (concretamente el Santander creó en 2001 una CLO –Collateralized Loan Obligation– llamada Hesperic), pero el Banco de España, aunque no prohibió su emisión, les impidió desvincularse del riesgo de esas titulizaciones. Esto en la práctica eliminaba todo su atractivo y por ello las descartaron finalmente. Al respecto, ver: El Confidencial, 21/10/2008,

http://www.elconfidencial.com/mercados/archivo/2008/10/20/noticias_22_banco_espana_impidio_santander_madrid.html

[5] Datos de la Comisión Nacional de la Competencia, Informe anual sobre ayudas públicas en España (varios años).

[6] García Mora, A.; Hervás Ortega, G. y Romero Paniagua, M., “El sistema financiero español ante la crisis crediticia internacional”, 2007, revista Ekonomiaz, 66, p. 106-107. Disponible en

http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-k86aekon/es/k86aEkonomiazWar/ekonomiaz/getArticulosPubl?idPubl=61

[7] 622.185 viviendas frente a 322.600 de Francia y 263.317 de Alemania. Y eso que ambos tienen juntos tres veces más población que España. Fuente: European Mortgage Federation.

[8] Tal fue el caso de La Caixa con Colonial, Banesto con Urbis, o Sabadell con Landscape. La jugada en algunos de estos casos no fue tan perfecta porque financiaron la adquisición a sus compradores, que posteriormente quebraron dejando impagados sus créditos. Véase: De Barrón, Í., El hundimiento de la banca, Madrid, Catarata, 2012, p. 36-40.

[9] Según datos de la Asociación Española de Banca, la patronal del sector, se inyectaron un total de 3.642 millones de euros, a lo que hay que sumarle las garantías de hasta 2.500 millones de euros ofrecidas en la posterior venta de CCM a Cajastur. Para más detalle sobre las ayudas a la banca véase Sanabria, A. y Garzón, E., “El rescate bancario español: un ‘botín’ multimillonario”, VientoSur, 131, 2013 (diciembre), p. 101-112. También disponible una versión más detallada en la web del CADTM: http://cadtm.org/El-rescate-bancario-espanol-un

[10] Real Decreto Ley 7/2008, del 13 de octubre: “Medidas Urgentes en Materia Económico Financiera en relación con el Plan de Acción concertada de los Países de la Zona Euro”.

[11] Previsiblemente solo mantendrían su condición dos pequeñas cajas valencianas: Caixa Pollença y Caixa Ontenyent. Al respecto está en el aire la posible privatización de la Kutxa gracias a la movilización del sindicato ELA y la Plataforma contra la privatización de Kutxabank. Al respecto véase: http://www.ela-sindikatua.eus/es/actualidad/noticias/la-propuesta-de-la-diputacion-de-gipuzkoa-sobre-kutxabank-va-en-la-buena-direccion

[12] La directiva sobre Mercados e Instrumentos Financieros (MFID, por sus siglas en inglés), se aplicaría en España a partir de 2007-2008. Véase: Missé, A., “Atrapados en la gran ratonera de las preferentes”, en Alternativas Económicas, 1 (marzo), 2013. http://alternativaseconomicas.coop/posts/atrapados-en-la-gran-ratonera-de-las-preferentes–2/page/0.

[13] Ibidem. El total de preferentes emitidas a 3 de diciembre de 2010 era de 32.799 millones de euros, de los que BBVA y Santander habían emitido 7.164 y 5.974 millones de euros respectivamente. La tercera entidad fue La Caixa, con 4.223 millones seguida por BFA-Bankia, con 4.223 millones de euros.

[14] Al respecto puede consultarse: Sanabria, A., “Las claves del canje de preferentes”, en Estrella Digital (27/03/2013), disponible en http://cadtm.org/Espana-Las-claves-del-canje-de

[15] Hasta la llegada del “banco malo” era la mayor inmobiliaria de España: “Entre sus activos BFA acumuló 100 millones de metros cuadrados (equivalente al municipio de Las Palmas de Gran Canaria); 45.000 viviendas sin vender y 15.000 locales, garajes, etc.” en de Juan, A.; Uría, F., De Barrón, Í, Anatomía de una crisis, Deusto, Barcelona, 2013, p. 257.

[16] Grupo 1: BFA-Bankia, Catalunya Banc, NCG Banco y Banco de Valencia. Activos adquiridos por valor de 36.695 millones de euros.

Grupo 2: BMN, Ceiss, Liberbank y Caja3. Activos adquiridos por valor de 14.086 millones de euros.

El total de activos adquiridos convierten a la SAREB en la principal inmobiliaria de España. (Fuente: SAREB).

[17] De momento las cuentas de 2013 ofrecen unas pérdidas de 404 millones de euros antes de impuestos, frente a los 47 previstos: 144 millones en pérdidas más otros 259 en dotación de provisiones. El informe de cuentas anual de la SAREB está disponible aquí: https://www.sareb.es/es-es/accionistas-e-inversores/Documents/Informe%20Anual%202013.pdf

[18] Sobre el banco malo véase por ejemplo: Sánchez Mato, C. “El ‘Banco Malo’: Historia de una estafa inútil”, (10/07/2013), disponible en: http://matoeconomia.blogspot.be/2013/07/el-banco-malo-historia-de-una-estafa.html

[19] Conviene tener en consideración que para el año 2013 España mantenía 95.604 millones de euros (9,3% de su PIB) en diversas garantías, incluyendo las de la SAREB. En términos absolutos se trata del mayor volumen de garantías de la UE-28. Datos de Eurostat disponibles aquí: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/excessive_deficit/supplementary_tables_financial_turmoil

[20] Se trata de unas tarjetas de crédito cuya particularidad, aparte del color negro, era que sus poseedores podían hacer uso de ellas sin que control fiscal alguno. Su existencia y su opacidad fiscal aparecían ya citadas en los correos del ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, publicados en eldiario.es, quien más recientemente publicaba todos los extractos con los gastos de los 86 directivos que hicieron uso de ella, entre ellos el propio Rodrigo Rato. Sobre el uso de estas tarjetas puede consultarse en: http://www.eldiario.es/gastos_tarjetas_black/GRAFICO-extractos-responsables-Caja-Madrid_0_312169637.html

Al respecto de los correos de Miguel Blesa, véase: Retrato del Poder, Monográfico de eldiario.es, nº 4, 2014. La movilización ciudadana fue parte esencial para hacer posibles las filtraciones sobre Bankia: http://15mparato.wordpress.com/2014/10/04/como-salieron-a-la-luz-las-tarjetas-negras-de-caja-madrid/

[21] Al respecto puede consultarse este documento (en castellano) de la revista Cafè amb llet “La banca está en manos de los bancos”, nº 1, abril 2014, http://www.cafeambllet.com/press/wp-content/uploads/2014/04/castellano.pdf

[22] Al respecto, “De la ‘doctrina Botín’ a los 2.000 millones en Suiza: siempre logró esquivar las condenas”, El Confidencial, 13/10/2014, http://www.elconfidencial.com/empresas/2014-09-11/de-la-doctrina-botin-a-los-2-000-millones-en-suiza-siempre-logro-esquivar-las-condenas_190008/

[23] Según el periodista Jesús Cacho, Botín le ofreció a Sáez entonces 1.000 millones de pesetas (unos 6 millones de euros) a cambio de que le filtrase la cifra adecuada para ganar la subasta. “La muerte de Emilio Botín o el funeral de un jefe de Estado”, en Vozpopuli (14/09/2014), http://vozpopuli.com/blogs/4826-jesus-cacho-la-muerte-de-emilio-botin-o-el-funeral-de-un-jefe-de-estado

[24] “Botín ficha como consejero del SCH al ex gobernador Luis Ángel Rojo”, El Mundo (28/04/2005), http://www.elmundo.es/mundodinero/2005/04/28/finanzas/1114703037.html

[25] Calculado a partir de datos de los informes anuales sobre ayudas públicas de la Comisión Nacional de la Competencia. Si contamos otros tipos de ayudas las cifras se disparan. Sobre el rescate bancario puede consultarse el informe elaborado por la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) disponible en su página web: http://auditoriaciudadana.net/tag/pacd/

[26] Entre 2008 y 2012 la deuda pública pasó de 436.984 a 884.653 millones de euros, lo que supone un incremento de 447.669 millones. Los 58.431 millones en recapitalizaciones bancarias representan un 13% del total. (Fuente: FMI y Comisión Nacional de la Competencia).

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