El programa económico del cambio político: puntos de partida

Publicado en Cuadernos de eldiario.es nº 6, junio de 2014.

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Foto: Álvaro Minguito. 9 de mayo de 2011. Acampada del 15M. Puerta del Sol, Madrid.

Primero comenzó a generalizarse la idea de que las élites políticas de este país estaban gestionando la crisis atendiendo a los intereses de una minoría y en contra de la mayor parte de la población. El binomio de recortes en servicios públicos básicos y rescate bancario ilustra y extiende la idea de que quienes se enriquecieron en el período previo a la crisis, y son sus principales responsables, consiguen imponer a la ciudadanía una factura que no le corresponde. La injusticia se torna evidente y la connivencia entre el poder político y económico que la hace posible, también. El 15 de mayo de 2011 la denuncia se expresó con total claridad: “No somos mercancías en manos de políticos y banqueros”.

A partir de esa percepción generalizada de injusticia, poco a poco, fue ganando terreno la idea de que la situación económica que sufrimos no sólo es injusta: también es evitable. De ahí la importancia crucial de que el “sí se puede” calara tan hondo en el imaginario colectivo de amplias capas de la población. Si es posible hacer las cosas de otra manera, es inadmisible que sigan haciéndose así.

Este último 25 de mayo la convicción de que las cosas deben y pueden ser distintas irrumpió sonoramente en el mapa electoral.

El auge de opciones que defienden explícitamente una gestión alternativa de la crisis nos ubica en un escenario cualitativamente diferente. El reto para las fuerzas políticas que han despertado las expectativas del cambio es evidente: no basta ya con denunciar la estafa, defender la legitimidad de la alternativa, o ilustrar su posibilidad con formulaciones genéricas. Todavía no ha llegado la hora de la verdad, pero su llegada ya es verosímil. Para que llegue, la confluencia de las opciones políticas que apuestan por gestionar el cambio se vuelve una cuestión crucial. Resumidamente, se trata de discernir si es posible un frente político que aglutine fuerzas para mejorar de forma definitiva las condiciones de vida de la población. Se trata, aquí y ahora, de diseñar y consensuar un programa económico alternativo de gobierno. En torno a su definición se determinará, en buena medida, las posibilidades de esas confluencias necesarias.

La formulación de una hoja de ruta económica para gobernar a favor de la mayoría ha de hacerse tomando en cuenta el complicado contexto actual. La economía española se encuentra inmersa en un tipo de crisis particular, que técnicamente se conoce como “deflación por deuda” (Fisher) o “recesión de balances” (Koo). Se trata de una especie de bloqueo en el que todos los agentes se encuentran colapsados por el peso del sobreendeudamiento que soportan. Deshacerse de esas deudas pasa a ser el objetivo fundamental de la mayor parte de empresas, familias y administraciones públicas, que consecuentemente limitan severamente su gasto. La contención general del gasto debilita la demanda agregada, lo cual lastra la actividad económica y, con ella, el empleo y la generación de renta. En un contexto como el descrito, con los niveles de producción, empleo y renta en retroceso como consecuencia de los esfuerzos por devolver las deudas, los problemas para hacer frente a la deuda acumulada no sólo no disminuyen sino que se incrementan. Esta secuencia sintetiza la “trampa” en la que se encuentra la economía española desde el año 2009: desde entonces el crédito concedido a las empresas comienza a descender, la deuda total ya equivalía a casi un 400% del PIB (399,2%, exactamente) y la producción cayó un 3,1% interanual en el último trimestre.

La espiral perversa en la que deuda y recesión se retroalimentan mutuamente genera una inercia de destrucción económica y regresión social. Otros episodios previos de “recesión de balances” así lo demuestran: La Gran Depresión en los años treinta, la denominada “década perdida” de los países latinoamericanos, o la crisis en que se encuentra la economía japonesa desde los años noventa. El estudio de estas experiencias aporta evidencia sobre las posibilidades de gestión de este tipo de crisis y de los horizontes posibles para nuestra situación actual.

En resumen, la literatura especializada nos permite extraer tres conclusiones que nos interesan: a) En ausencia de intervención que estimule la demanda agregada y quiebre la espiral recesiva, el proceso de desendeudamiento de la economía se produce a un ritmo extraordinariamente lento, lo cual lleva aparejado altos costes económicos y sociales. b) En estos contextos, la política monetaria resulta ineficaz para reactivar la demanda, porque por muy barato que resulte endeudarse (incluso con tipos de interés reales negativos) los agentes siguen agobiados devolviendo deuda y limitando sus gastos de consumo o inversión. c) La única fórmula comprobada para romper la espiral recesiva es aplicar políticas fiscales expansivas.

El debate sobre las medidas económicas en torno a las cuales ha de construirse un frente político útil para la ciudadanía ha de tomar en cuenta estas conclusiones. Su traducción en medidas concretas, además, conecta directamente con reivindicaciones que cuentan con un apoyo social generalizado. Y delimitan, en todo caso, condiciones necesarias (aunque no suficientes) para la transformación económica que necesitamos.
En primer lugar, un programa económico que aspire a superar la recesión mejorando de forma efectiva las condiciones de vida de la mayoría social, tendrá que apostar no sólo por detener los recortes sino también por políticas de gasto público expansivas. Ni el consumo de las familias ni la inversión empresarial -en retroceso o estancados debido al sobreendeudamiento, la caída del nivel de renta y la restricción de crédito-, tienen capacidad para romper el círculo vicioso de la “recesión por deuda”. El gasto público, sin embargo, juega un papel estratégico: su expansión no sólo impulsa de la demanda pública en sí misma, sino que también, a través de la generación de empleo y rentas que genera, impacta positivamente sobre la demanda privada. No se trata de reactivar la actividad económica sin más, sino de hacerlo mediante políticas fiscales que prioricen objetivos estratégicos, como la necesaria reconversión ecológica del modelo productivo y la protección de los grupos sociales más vulnerables.

En segundo lugar, acelerar el proceso de desapalancamiento para librarnos de una década perdida dramática en términos de retrocesos sociales exige una gestión audaz tanto de la deuda pública como privada. Se impone reducir drásticamente el nivel de endeudamiento de la economía, lo cual supone la aplicación de algún tipo de quita o impago. Un alivio significativo de deuda, junto con las políticas fiscales expansivas, contribuirá a dinamizar la demanda e iniciar la reactivación económica. Dado que reducir deuda implica asumir una pérdida equivalente, un programa económico que aspire a representar la voluntad democrática de la ciudadanía ha de garantizar mecanismos para decidir de forma colectiva qué grupo social carga con esa pérdida. La realización de auditorías de deuda rigurosas e independientes es el mecanismo adecuado para determinar qué tipo de reestructuración ha de llevarse a cabo.

Auditorías y quitas no ha de realizarse exclusivamente en el caso de la deuda pública. La deuda hipotecaria sobrevalorada de las familias con dificultades económicas también requiere una reducción efectiva, mediante la aplicación de quitas parciales en los casos que cumplan ciertos requisitos socioeconómicos. Este tipo de quitas, según explica el propio FMI, ya se aplicaron con éxito probado en Estados Unidos durante los años treinta o más recientemente en Islandia (ver el capítulo 3 del World Economic Outlook del FMI de abril de 2012).

Por último, el desarrollo de una reforma fiscal que permita recaudar recursos suficientes y de forma muy progresiva es otra pieza necesaria del programa económico del cambio. Según datos de Eurostat, la capacidad recaudatoria del Estado español sobre el PIB está casi diez puntos porcentuales por debajo del promedio de la eurozona. La gestión de una salida democrática y social de la crisis requerirá la movilización de una cantidad ingente de recursos, y lo lógico es que se obtengan de los grupos sociales que acumulan más patrimonio y renta. Simplemente acercarnos al promedio europeo ya nos permitiría contar con un 10% del PIB adicional para financiar las necesarias políticas fiscales expansivas. Según el Sindicato de Técnicos de Hacienda GESTHA, cada año perdemos del orden de 90.000 millones de euros de recaudación a causa del fraude, que en aproximadamente un 72% se estima concentrado en grandes empresas y fortunas. Un fraude tan concentrado presenta una ventaja: facilita su identificación y persecución.

En definitiva, revertir la austeridad dando paso a políticas fiscales expansivas, avanzar hacia una reestructuración eficaz de la deuda pública y privada que incluya auditorías y quitas, y aplicar una reforma fiscal muy progresiva, son condiciones necesarias para una transformación económica a favor de la mayoría. Condiciones necesarias pero no suficientes, insistimos. Estos tres ejes no bastan por sí solos para configurar un programa económico completo. Pero sí delimitan vectores estratégicos claros a la hora de establecer confluencias políticas con aspiraciones de gobierno, tanto a nivel estatal como de comunidad autónoma o municipal. Son un buen punto de partida, por tanto, para empezar a construir el programa económico del cambio político.

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