El ataque antiliberal a nuestras libertades

viñeta p. 60

Capítulo 8 del libro Lo llamaban democracia. De la crisis económica al cuestionamiento de un régimen político (Colectivo Novecento).

La gran aportación del pensamiento liberal a la democracia se basa en la irreductible defensa de las libertades individuales y públicas que mantiene. Quienes hoy se definen como liberales parecen haberlo olvidado.

Autores centrales del liberalismo, como John Locke o John Stuart Mill, mantienen que es posible garantizar una serie de libertades cívicas bajo un gobierno no democrático. Ambos se oponen a que, sea cual sea la forma de gobierno, se toquen un ápice las libertades fundamentales. Ya en el siglo diecinueve Stuart Mill era consciente, además, de que la aspiración de los pueblos de Europa residía también en contar con dirigentes temporales, revocables y delegados que los representaran adecuadamente. Esto también iba a ser libertad.

Isaiah Berlin es el gran referente liberal de la segunda mitad del siglo veinte. En su obra alerta contra los dogmatismos y la política romántica plena de omnipotencia de algunos movimientos revolucionarios. Y a la vez, en su recuperación de la libertad de los modernos, el autor británico nacido en Riga es lo suficientemente lúcido como para recoger que “la libertad del pez grande es la muerte del pez chico”. No por casualidad para Berlin, antes de cualquier libertad nominal era preciso gozar de una sanidad y una educación básicas.

Stuart Mill y Berlin fueron asimismo de los que mejor formularon una idea muy sencilla: los individuos debemos gozar de libertad sin interferencias, por parte de otros, a la hora de pensar, actuar, expresarnos o asociarnos; a no ser que perjudiquemos o dañemos a alguien. Ahí es donde entra la justificada coacción de las leyes, para protegernos a todos.

Gran parte de esta herencia liberal se ha querido recoger en nuestro ordenamiento jurídico con desigual éxito. Fijémonos en los derechos de reunión y manifestación. Estos se contemplan en artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Constitución española, y en un desarrollo legislativo concreto posterior que es el que ya nos afecta. Lo que viene a decir la normativa es que todos podemos reunirnos y manifestarnos en libertad si no portamos armas y si no vamos a cometer ningún delito. De darse alguna de estas dos circunstancias, como especifica el Código Penal, la acción se convierte en ilegal. Hasta aquí ninguna contradicción con la doctrina liberal.

Hay sin embargo un resabio autoritario en nuestro ordenamiento jurídico. Tanto una ley de 1983 como otra de 1992 exigen que se informe al gobierno de cualquier reunión de más de 20 personas. Y que se expongan los motivos por los que uno se va a reunir. El no comunicarlo no implica cometer una “ilegalidad”, aunque sí puede haber sanción para los organizadores; nunca para los asistentes.

Hoy en España nos hemos acostumbrado a que quienes deben velar por la ley, la tergiversen. Así, miembros del gobierno denuncian manifestaciones “ilegales” cuando en realidad solo son “no comunicadas”. Con esa excusa, identifican y multan asistentes, que en ningún caso pueden ser sancionados. Pero si te fías y comunicas, también multan al convocante alegando desórdenes. Se cierra así de manera kafkiana cualquier salida para ejercer las libertades fundamentales mencionadas, por lo que el resultado es que un gobierno cuya misión debiera ser protegerlas, las impide.

Los dirigentes actuales han convertido así en norma tanto las multas e identificaciones masivas en manifestaciones pacíficas como, lo que es más grave, las agresiones policiales. Ya no hay duda de que se pretende generar miedo en la población más activa políticamente. El caso de Alfon fue una señal de alarma clara en este sentido.

La policía es una institución pública, pagada por todos, cuya función es protegernos de acuerdo a las leyes. Cuando un miembro o grupo de la sociedad se toma la libertad de agredir a otro gratuitamente, la policía debe estar ahí para velar por la seguridad del amenazado. Jamás la policía puede convertirse en quien agrede gratuitamente. Pero es esto justamente lo que está sucediendo cada vez con más frecuencia en estos cinco años de crisis. Cuando esta aberración se da, y la ciudadanía maltratada logra del poder judicial cierta protección —alguna condena por torturas, por ejemplo—, lo último que debería hacer un gobierno con una mínima impronta liberal es indultar a los agresores.

Urge por tanto una remodelación integral de la policía, de sus estructuras y su cultura institucional. Los responsables políticos deben tomar asimismo conciencia de que en una situación política crítica y de creciente incertidumbre, solo se puede echar mano de más democracia.

Hay otras cuestiones que tampoco son nuevas, pero que hoy estallan. Tanto en los años de crecimiento económico como durante la crisis, el régimen político español ha tratado con gran dureza a los inmigrantes que carecían de papeles administrativos en regla. Se les ha perseguido, identificado racialmente, detenido, privado de libertad de movimiento, deportado; y todo ello sin ofrecerles derechos políticos plenos, como el voto. Se han erigido muros, se han asentado guardias armados en las fronteras, provocándose con esta actitud miles de muertes en nuestras costas. Ahora también se despoja a los inmigrantes sin papeles de la tarjeta sanitaria. Con todo ello se alienta la xenofobia —como ha denunciado Naciones Unidas para el caso español—, a la que podemos interpretar precisamente como una de esas tiranías sociales que tanto temía el propio Stuart Mill.

No hace falta por tanto echar mano de ninguna corriente radical, siquiera democrática. Apelando tan solo al liberalismo más clásico, podemos indicar que este gobierno está infringiendo las libertades de aquellas minorías de la población más débiles económicamente y, también, las de aquellas más activas políticamente.

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