Cambio de las reglas del juego: la socialización de las pérdidas

Viñeta cap. 4

Capítulo 4 del libro Lo llamaban democracia. De la crisis económica al cuestionamiento de un régimen político (Colectivo Novecento)

Una vez que estalla la crisis, las reglas del juego mediante las que habitualmente se reparten los resultados de la dinámica económica se dan la vuelta. Tengamos en cuenta que durante los mal llamados años del boom de la economía española, las desigualdades sociales y económicas en nuestro país no sólo no se redujeron, sino que, como se analiza en el siguiente capítulo, aumentaron. Pensemos por ejemplo que, según el Barómetro Social, entre 1999 y 2007 los salarios registraron un crecimiento ínfimo en términos reales, del 1%, y el subsidio de desempleo creció solo un 4%. Mientras, los beneficios empresariales crecieron un 50%, el valor de los activos financieros un 90% y el del patrimonio inmobiliario en torno a un 125%. Es decir, los resultados beneficiosos de la dinámica de crecimiento, por otra parte enloquecida desde el punto de vista medioambiental, se concentraron en un conjunto reducido de manos privadas, mientras que la mayor parte de la población no vio mejorar sus ingresos, su acceso a los servicios públicos o sus condiciones laborales.

Pero el estallido de la crisis cambia el rumbo de las cosas: llegó el tiempo de compartir, debieron pensar algunos. Así, mediante diversos mecanismos, los grupos sociales que se apropiaron de las ganancias económicas anteriores en forma de beneficios y plusvalías inmobiliarias y financieras, consiguen ahora que las pérdidas directamente derivadas de sus prácticas temerarias se repartan entre toda la población. ¿Con qué criterio? El de la regresividad. Es decir: pagan, por una crisis que no han generado, proporcionalmente más aquellos grupos sociales que menos renta y patrimonio tienen. Desglosemos brevemente cuáles están siendo estos mecanismos perversos de socialización de pérdidas.

Por un lado, la recesión económica que resulta del estallido financiero analizado en el capítulo anterior impacta con mayor severidad sobre los colectivos con peores condiciones de partida. Por ejemplo, sabemos que los más de 6 millones de personas desempleadas no se distribuyen de forma equitativa entre los distintos estratos sociales, sino que se concentran en los de menos ingresos y nivel formativo; de la misma forma que lo hacen los más de 420.000 desahucios ejecutados desde que empezó la crisis. Según datos del Ministerio de Empleo, a partir de 2009 el crecimiento salarial no alcanza al de los precios, por lo que la capacidad adquisitiva de la población asalariada retrocede desde entonces. Mientras, no es que la crisis no haya empeorado los sueldos de los directivos, ¡es que han seguido creciendo! Los ejecutivos y miembros de dirección de las empresas que cotizan en el IBEX35 han pasado de cobrar un promedio de 873.666 euros anuales en 2007 a 1,07 millones de euros en 2011. La crisis no perjudica (¡incluso beneficia!) a los altos despachos en los que se gestó; las pérdidas se concentran a pie de calle.

Por otra parte, la crisis bancaria activa mecanismos adicionales de socialización de pérdidas. El más explícito quizás sea el de los rescates bancarios: dinero público transferido a las entidades financieras privadas que acumularon ingentes beneficios, causaron la crisis, y que ahora acceden a nuestro dinero sin ofrecer contrapartidas a cambio. Por el momento no es posible ofrecer una cifra exacta, porque las operaciones son complejas y el proceso no ha finalizado, pero habría que contabilizar, al menos: a) el rescate bancario solicitado formalmente por el gobierno a la Comisión Europea a finales de 2012; b) los recursos empleados en la liquidación y/o venta de cajas de ahorro; c) las inyecciones de capital a bancos “nacionalizados”; y por último, d) el inminente desembolso asociado a la creación del llamado “banco malo”. Teniendo esta última partida en cuenta, y según las estimaciones que se han publicado en los medios, estaríamos hablando de no menos de 120.000 millones de euros: aproximadamente un 12% del PIB.

También conviene considerar que el Banco Central Europeo (BCE) ha concedido a los bancos españoles más de 340.000 millones de euros públicos en forma de créditos a intereses reducidos. Se trata de crédito público en muy buenas condiciones y susceptible de usos alternativos para los que, sin embargo, “no hay dinero”: la creación de empleo, el mantenimiento de servicios públicos esenciales o el acometimiento de inversiones orientadas a reorientar nuestro modelo productivo, por ejemplo. En todo caso, dada la cuantía de la factura total, parece clara la necesidad de contar con un sistema bancario público que de verdad responda a los intereses mayoritarios; es decir, bajo control social efectivo. No hay otra forma de garantizar que esto no volverá a ocurrir.

Casi simultáneamente, según la crisis bancaria deviene en fiscal, entra en escena un nuevo instrumento de socialización de pérdidas: la deuda pública. Aunque el Estado había mantenido sus cuentas muy saneadas durante los años previos, la crisis las deteriora a gran velocidad. Por un lado el volumen de deuda pública se dispara, en parte, debido a los rescates bancarios. Parece lógico que se plantee que hay componentes de la deuda, como precisamente este, que con rigor no debiera calificarse como “pública”. Es imprescindible poner en marcha una auditoría que permita arrojar luz sobre la cuestión, ya que incluso a simple vista se detecta que la ciudadanía está pagando por una deuda que no le corresponde. No podemos olvidar que, al inicio de la crisis en 2007, aproximadamente el 62% del total de la deuda del país provenía de grandes bancos y empresas. ¿Por qué tendríamos que pagar todos esa deuda?

Por otro lado, además de por el volumen creciente de deuda pública, el problema fiscal procede de las condiciones en las que se financia esa deuda: unos tipos de interés artificialmente elevados, de los que se benefician los inversores financieros privados (en su mayoría bancos) que compran los títulos de deuda. Ese sobrecoste, que resulta inevitable comparar con los intereses favorables de los créditos que el BCE concede a los bancos privados, se convierte en un nuevo gasto público descontrolado. La única forma de evitarlo sería contar con una institución, ya sea española o europea, que bajo estricto control democrático tuviera capacidad para gestionar la política monetaria en defensa del interés común y no de los especuladores.

La última vuelta de tuerca se produce porque la creciente deuda pública así generada es pagada, de nuevo, proporcionalmente más por quien menos tiene. Esto se debe a que nuestro sistema fiscal es profundamente regresivo: comparemos el 10% de tipo efectivo al que tributan los beneficios empresariales, el 1% de las SICAV, o el fraude que en más de un 70% se concentra en grandes empresas y fortunas, con el IRPF que se aplica sobre las rentas del trabajo de la mayoría de la población. Nuestro sistema fiscal opera como Robin Hood, pero al revés.

La situación se agrava cuando para pagar la deuda se activan las políticas de austeridad, porque el deterioro de servicios públicos y el recorte de prestaciones sociales golpean con más intensidad, otra vez, a los grupos sociales más vulnerables. Conviene aquí al menos recordar el impacto específico que tienen algunos recortes —como los aplicados sobre dependencia, escuelas infantiles o asistencia social— sobre las mujeres que pasan a cubrir dichos servicios en el ámbito familiar sin remuneración ni derechos asociados como contrapartida. A lo que hay que añadir los efectos, también desigualmente distribuidos, de las “reformas” que se aplican para ganar la credibilidad de los mercados a los que hay que convencer, precisamente, de la sostenibilidad de nuestra deuda pública. En este sentido, las reformas laborales o las de pensiones, ambas de nuevo con un impacto específico sobre las mujeres trabajadoras, quizás sean los casos más evidentes. El cuestionamiento del pago de una deuda pública que no es tal, la instauración de un sistema fiscal potente y muy progresivo, a la par que la reversión de las políticas de austeridad y las contrarreformas, son las únicas medidas que permitirían detener este perverso mecanismo. Se trata, en definitiva, de empezar a cuestionar las reglas del juego vigentes. Hay que cambiarlas, pero a favor de la mayoría. Ya sabemos en qué resulta un funcionamiento económico que gravita en torno a la obtención de beneficios privados. Hemos comprobado qué papel juegan las necesidades y derechos de la mayoría social, tanto en tiempos de “auge” como de crisis. Ha llegado el momento de atrevernos a pensar un verdadero cambio en las reglas del juego económico. Urgen otras reglas radicalmente distintas, pensadas para el 99% de la población. Unas reglas económicas radicalmente democráticas.

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