Entrevista al Colectivo Novecento en el periódico Diagonal

Publicado en Diagonal

El Colectivo Novecento ha presentado su libro Lo llamaban democracia. De la crisis ecónomica al cuestionamiento político, un resumen riguroso de las transformaciones que han acontecido desde el estallido de la crisis en 2008. La imbricación entre economía, política y vida se ha desvelado en toda su crudeza, y su potencia, desde entonces. Por ello planteamos esta entrevista, donde las personas que forman el colectivo, Antonio Sanabria, Gonzalo Plaza, Miguel Montanyà, Ricardo Molero Simarro, Álvaro Minguito, Bibiana Medialdea, Sara Mateos, Luis Buendía, Nacho Álvarez, y Víctor Alonso Rocafort -que ha coordinado el volumen- responden a preguntas sobre los temas económicos de actualidad: desde los tipos de contratación y la llamada dualidad del mercado de trabajo hasta las formas de reinventar la política para salir de esta situación.

Jonber: ¿Cómo veis la cuestión de la posible salida del euro? ¿Tanto si es impuesta como escogida, consideráis que un cambio de modelo económico pasa por romper con la Europa del Capital, por abrir nuevas vías de relación entre bloques de la nueva geoeconomía multi-polar? ¿Se puede recorrer este camino de la mano de los países semi-periféricos de la cuenca mediterránea?

En el colectivo no tenemos una opinión unánime respecto a una posible salida del euro, aunque, en general, sí compartimos la idea de que si dicha salida fuese unilateral, es decir de un único país, podría generar suficientes problemas como para poder llegar a hacer ineficaces las herramientas de política económica que se recuperarían gracias a ella. Como afirman quienes apuestan decididamente por dicha estrategia, la salida del euro permitiría recuperar, por un lado, el control estatal sobre el banco central, y gracias a ello la capacidad de fijar los tipos de interés y de incrementar el crédito a los bancos y empresas; y, por el otro, la capacidad de devaluar la moneda, incrementando supuestamente la competitividad externa de nuestra economía.

Sin embargo, dadas las profundas dependencias tanto productivas, como comercial y financiera de nuestra economía, dicha salida dejaría a la economía española en una posición igualmente débil, ya que un intento de impulsar el crecimiento desde fuera del euro se enfrentaría como mínimo a corto plazo con la necesidad de importar a un precio más caro (debido a la propia devaluación) las materias primas y los medios de producción, junto con muchos bienes de consumo que ahora mismo no tenemos capacidad de producir.

Esto, a su vez, haría necesario acudir a los mercados financieros externos para poder financiar la compra de esos productos en una situación en la que dichos mercados cargarían intereses probablemente aún mayores de los que ahora mismo está cobrando sobre los préstamos necesarios para llevar a cabo esas importaciones. A ello además hay que añadir el hecho de que el importe de la deuda pública también se encarecería, también debido a la devaluación, y la necesidad de declarar un necesario impago de la deuda limitaría aún más la capacidad de financiarse externamente. Por último, nada garantiza que la devaluación de la moneda permita eludir la imposición de medidas de ajuste salarial para tratar de ganar competitividad externa. No es sólo que existe una competencia a la baja muy fuerte de otras economías del mundo en derechos, salarios y remuneraciones laborales, sino que se podría dar la situación de que la salida por separado de la moneda única de varios países de la actual UE podría provocar una guerra de devaluaciones competitivas que acabaría haciendo ineficaces unas y otras a la hora de incrementar las exportaciones, generando la tentación de recurrir de nuevo al recorte de los salarios como medida de ganar competitividad.

Evidentemente la salida de la crisis pasa por la ruptura con la Europa del Capital. Sin embargo una buena parte del colectivo piensa que la estrategia correcta para hacerlo no debe poner a la salida del euro como primer paso, sino por el contrario pasa por centrar la lucha en generar un movilización social mayoritaria que consiga frenar en seco las políticas de austeridad y poner en marcha una proceso de auditoría ciudadana de la deuda pública con el objetivo de repudiar la parte ilegítima de esta. Se rompería así la camisa de fuerza que está haciendo posible la imposición de las brutales políticas de ajuste que sufrimos actualmente.

Según esta estrategia, continuar la lucha sin proponer la salida del euro y de la misma UE como opción inicial permite incrementar el margen de maniobra y el poder de negociación de un posible gobierno de izquierdas. La salida del euro se convertiría así en una amenaza o arma de último recurso para lograr el objetivo principal: revertir el ajuste salarial.
Una manera de incrementar las posibilidades de que una salida del euro ayudase a ese objetivo sería que dicha salida se llevase a cabo de manera coordinada por varios países que, después de ella, comenzasen un proyecto de integración económico alternativo basado en principios diferentes. En concreto se trataría de poner en marcha un proceso de integración en el que la responsabilidad de los desequilibrios productivos, comerciales y financieros que se generen entre unos países y otros no recaiga sólo sobre los países deficitarios, como actualmente ocurre, sino también sobre los superavitarios. Para ello sería necesario adoptar mecanismos que permitan el reequilibrio entre el desarrollo productivo de unas y otras economías. Una posible manera de hacer eso se explica aquí.

Dada la actual situación, la opción disponible más cercana para hacer esto sería entre los países de la periferia europea. Sin embargo, con la actual división del trabajo que se da dentro de la UE, en la que las capacidades productivas de los países periféricos apenas son complementarias entre sí (ya que tienen especializaciones sectoriales en buena medida similares), la puesta en marcha de un proceso de integración alternativo entre ellos no evitaría muchos de los problemas de dependencia productiva, comercial y financiera que explicábamos para el caso de la salida unilateral del euro. Por ello, de ponerse en marcha en algún momento, dicho proceso de integración alternativa debería plantearse la necesidad de aliarse e incluso ampliar dicha integración hacia otros países o bloques regionales que estén tratando de plantar cara al imperialismo capitalista.

En este sentido, sólo una estrategia profundamente internacionalista permitiría equilibrar, al menos hasta cierto punto, la muy desequilibrada relación de fuerzas entre clases sociales que se da en el capitalismo actual. De hecho, cualquier proyecto de transformación debería considerar como una cuestión central de su estrategia cuál es su posicionamiento geopolítico. Sin tomar en cuenta estas variables será muy difícil que un proceso reconstituyente de las relaciones políticas y económicas de nuestra sociedad pueda sobrevivir.

Jonber (2): ¿Qué vías de reforma creéis que tiene el Estado español? ¿Consideráis que una ruptura independentista de algunos pueblos como el catalán o el vasco-navarro puede llevar a un declive del régimen post-franquista y a un replanteamiento de la estructura administrativa que establece las relaciones entre los pueblos de la península? ¿Es la toma del poder del Estado español la única vía para cambiar las políticas económicas o se puede esperar una ruptura del actual marco y el establecimiento de unas nuevas relaciones de solidaridad entre los pueblos de nuestro entorno? ¿Cómo pueden las clases trabajadoras aspirar a ser el motor de este cambio a mejor?

Un proceso constituyente que surja desde abajo, a partir de asambleas locales en las que la ciudadanía delibere, y decida, sobre los asuntos públicos que unos y otras quieran que estén en la agenda de reformas a votar, sería lo más deseable. La repolitización actual favorece la posibilidad de que se lleve a cabo con éxito. Sería una experiencia política democrática de primer nivel. Gentes de los pueblos y barrios del Estado debatiendo de política, apostando por los temas y las propuestas que quieren someter a votación para la reforma del actual marco constitucional, que a nuestro juicio está ya caduco.

El derecho a decidir tiene que ser necesariamente el punto de partida si queremos que el debate sobre el modelo territorial sea verdaderamente democrático. No obstante, la ruptura independentista sólo producirá avances sociales si se acompaña simultáneamente de una ruptura con las políticas neoliberales que impone la Troika y las oligarquías políticas. Hay que distinguir, por ejemplo en Cataluña, una independencia comandada por CiU o ERC de una impulsada por las CUP. Sin embargo lo que nos interesa, más que la cuestión nacional, es la pregunta por la democracia. El reparto de poder entre la gente —y no entre la oligarquía— es lo que además permitiría el descenso de las desigualdades económicas y sociales, así como de la concentración del poder, que tanto se están agudizando con la crisis.

Qué duda cabe que una democracia participativa es siempre más fácil cuando disminuye el número de ciudadanos que se reúnen para autogobernarse. Y cuando se conoce de forma directa aquello sobre lo que se decide. Es entonces cuando las gentes se conocen, pueden hablar, ser escuchadas y tomadas en cuenta en las decisiones públicas. Ahí impedimos que se nos uniformice en grandes números estadísticos, agrupados en porcentajes o en ese engendro llamado “opinión pública”. Volvemos así a contar en la radical pluralidad de quienes quieren formar parte de la esfera pública.

Con razón James Madison, al defender la Constitución norteamericana en El Federalista n. 10, defendía que el tamaño de la república debía ser mucho mayor que el de una democracia. En el ánimo de los llamados federalistas estaba la defensa del gobierno representativo como un freno a la expansión democrática que, durante la Revolución, había tenido su oportunidad. Estas nuevas élites juzgaban con razón que una nueva escala de la política, de gran magnitud, iba a jugar un papel crucial en el futuro. Por eso resulta fundamental en toda tarea democratizadora reducir esta escala a lo local, allá donde se pueda discutir, deliberar, juzgar y decidir reunidos, en encuentros personales donde cada uno cuente.

Combinar este tipo de democracia directa con formas representativas o fórmulas delegadas es un reto. Así como el de combinar las diversas localidades y territorios para que se auxilien entre sí, para que colaboren y no compitan, cambiando asimismo el modelo de relaciones interterritoriales e interestatales que nos domina bajo el influjo del sistema económico capitalista. Si esto se realiza bajo fórmulas federales o confederales, incluso a nivel europeo, a nuestro juicio puede ser una buena salida.

Todo ello, que está muy bien sobre el papel, sabemos que es difícil de lograr. Pero hoy, paradójicamente, estamos más cerca que hace cinco años. La crisis alienta la ruptura económica y política, pues el conflicto entre oligarquía y democracia se presenta cada vez con más intensidad. El internacionalismo está volviendo con fuerza al Sur de Europa, y es deseable que se intensifique. Recordemos que ha sido una representación política ligada a los oligarcas, no a los ciudadanos —tanto aquí como en Grecia, Italia o Portugal—, la que ha ido dando respuesta a esta crisis. Y así nos va. Sobre tomar el poder político, ahora existen iniciativas y expectativas para hacerlo desde una opción de izquierdas que agrupe a Izquierda Unida con otros partidos minoritarios y movimientos sociales. La vía electoral es importante de cara a cambiar las políticas económicas e introducir grandes reformas en el actual marco del régimen constitucional. Sin embargo no es la única, ni tampoco la más relevante.

En primer lugar, toda opción electoral que no está profundamente imbricada en la movilización social –que forme parte consustancial de ésta– difícilmente podrá plantear una verdadera alternativa política en la situación actual, que rompa con las políticas neoliberales. Además, cambios a nivel micropolítico son necesarios. Primero en el propio individuo, que afronta el reto de replantearse aspectos esenciales de su vida en clave democrática. Como indicaba Cornelius Castoriadis o el propio Sheldon S. Wolin, sin democratizarnos nosotros, sin modificar radicalmente los imaginarios sociales que alimentamos, el cambio institucional se puede quedar en mero cambio de fachada. De ahí debemos avanzar en la lucha por establecer el debate sobre la democracia en los lugares de trabajo —algo respondemos al respecto de las cooperativas más adelante— o en las instituciones públicas. Es fundamental saberse en una democracia cada día, y no solo cada cuatro años al elegir opciones empaquetadas como un consumidor ante el súper. A la vez, cada vez más alto se exige democracia en el propio funcionamiento de sindicatos, movimientos y partidos que quieran ayudar a impulsar estos cambios. Esto es esencial. Si no, no nos sirven.

Las clases trabajadoras cada vez nos damos más cuenta del poder que tenemos si actuamos unidos a la vez que respetamos nuestra pluralidad. La implosión del 15M ha cambiado el panorama y la agenda política de este país. Nos ha enseñado cuestiones fundamentales. Ahora toca presionar en las múltiples asambleas de barrio y en los pueblos, en las mareas, en los lugares de trabajo, en los sindicatos, en los hábitos de consumo, en los nuevos canales de comunicación, en las propias relaciones cívicas que establecemos cada día. Quizá la indignación por los ataques sufridos haga que un día todo rebose de pronto en las calles, acelerando los ritmos del cambio democrático, pero hasta entonces lo más recomendable es prepararse para una resistencia a medio plazo, impulsando unos cambios constantes y paulatinos que, desde nosotros mismos hasta el resto del entramado institucional en puntos estratégicos, vaya modificando el rostro de este régimen caduco para que, entre todos, recuperemos la democracia.

Vicente GoldmenSuck: En lo que se refiere a promover políticas fiscales progresivas, ¿qué podemos contestar a quienes nos contra-argumentarían que las empresas se irían si les subieran los impuestos? Muchas gracias.

Desde nuestro punto de vista, a tales contra-argumentos cabría contraponer dos argumentos y un comentario adicional. Empezando por el comentario, es necesario dejar claro que las reformas fiscales regresivas realizadas durante las últimas décadas en los países europeos (incluyendo en un lugar destacado España) se hacen pensando en los grupos privilegiados que se han beneficiado de ellas, y que son quienes están en posiciones de poder. No se trata, por tanto, de una cuestión técnica o del mejor funcionamiento de la economía; ni siquiera de una cuestión ideológica, aunque así se quiera disfrazar. Se trata, siempre, de una cuestión de poder, y es por tanto desde el análisis del poder como se han de enfrentar estas cuestiones. Es evidente que las empresas (el capital) ostentan el grueso del poder en las economías capitalistas, por tanto es ahí donde habría que actuar.

Pasando ahora a los dos argumentos, cabría empezar por citar un caso histórico: ¿por qué Suecia con unos impuestos más progresivos que los de España y, sobre todo, mucho más elevados, no padece una fuga de capitales permanente? Es obvio que no es porque sus empresarios tengan un amor patrio mayor que el de las empresas españolas. La razón es doble: por un lado, porque no se les dejó marchar, y por otro, cuando se levantaron esas trabas, simplemente porque consideraron que recibían otras cosas que hacían que les compensase quedarse de todos modos. Respecto a la primera razón, durante las décadas en que se construyó un sistema fiscal con unos impuestos elevados (de los más altos de Europa), los controles de capital mantenían a raya cualquier opción de fuga del empresariado sueco.

Además, los impuestos tenían una función no sólo redistributiva sino también de política industrial, promoviendo en todo momento la inversión en tecnología, lo que, junto al pleno empleo, ayudó a que la productividad en el país creciera a muy buen ritmo. Cuando se desreguló la economía en los años ochenta, se creó una burbuja inmobiliaria que, cuando estuvo a punto de estallar, sí provocó una importante salida de capitales del país. Pero incluso después, y aquí vamos con la segunda razón, muchas empresas optaron por quedarse en vez de deslocalizar, en buena medida por la cercanía al mercado objetivo (para aquellas empresas orientadas a la demanda local) y porque la cualificación y la productividad que obtenían en Suecia era mayor que la que podrían obtener fuera. Así pues, es posible compatibilizar altos impuestos con presencia empresarial.

De todos modos, yendo al segundo argumento, en el caso concreto de España sería sensato precisar que aquellos aumentos impositivos que pudieran desencadenar una fuga de capitales deberían ir acompañados de la instauración de controles de capital, que además servirían para luchar contra la especulación. Pues bien, teniendo en cuenta que dos terceras partes del comercio de la UE se realiza dentro de la propia Unión, ésta, la UE, se presenta como un escenario propicio para instaurar estas medidas, pues una coordinación fiscal al alza en el conjunto de Europa no daría muchas opciones de fuga a buen número de empresas que, por cercanía al mercado, preferirían quedarse. Eso sí, naturalmente este tipo de políticas exige una presión social importante en este sentido, es decir, hay que lucharlas, pero eso ya es un objeto diferente al que se desprende de la pregunta realizada.

DGA: Ahora mismo se habla mucho de cooperativismo, y lo considero un gran avance. Es decir, creo que es mucho más productivo hablar de Mondragón, la FNAC y la CIMA de Enric Durán que de Wikipedia, o tecnopolítica y cursos de “radical community manager”. A la hora de plantearse alternativas concretas que permitan caminar en la senda del cambio estructural mi pregunta es sobre el futuro que puede tener la CIMA en Catalunya, la RCA en Madrid y proyectos de este tipo -las cooperativas muchas veces suponen una auto-explotación tremenda- además de qué papel pueden jugar realmente en el seno de la lucha de clases y deseable final del trabajo asalariado.

En primer lugar cabría hacer algunas precisiones. Por una parte, no tiene sentido, a nuestro juicio, meter en el mismo saco a Mondragón con la CIC por lo que mencionaremos a continuación. Por otro, la CIC, Cooperativa Integral Catalana, es en realidad la iniciativa asociada directamente a Durán en Catalunya, mientras que la CIMA es la que surge, inspirada en aquélla, en Madrid.

Dicho esto, el cooperativismo tiene límites estructurales, como tú bien señalas. El caso de Mondragón es un ejemplo en muchos aspectos de algo positivo que, surgido del cooperativismo, ha servido como alternativa a las empresas convencionales. Pero también, como han puesto de manifiesto algunas investigaciones, sus procesos de expansión internacional por ejemplo, ponen en cuestión algunas de las ventajas adquiridas.

Esto nos lleva al debate existente más allá del caso de Mondragón y referido a las posibilidades del cooperativismo en sí (debate nunca cerrado y del que encontramos manifestaciones desde los orígenes del movimiento cooperativo, por ejemplo, en confrontación con el anarquismo o con el marxismo de Rosa Luxemburg). Si el cooperativismo pretende integrarse dentro del sistema capitalista, esas contradicciones aflorarán rápidamente, pues para poder competir con las empresas capitalistas las cooperativas tendrán que recurrir a medidas como las que tú mismo has dicho, o a la internacionalización como ha hecho Mondragón (con peores condiciones en los países de destino, por cierto, como en las empresas convencionales).

Ahora bien, estas otras iniciativas, como las surgidas alrededor de la CIC son, desde nuestro punto de vista, otra cosa. Para empezar, en muchos casos se trata de entidades sin personalidad jurídica legal, es decir, están fuera del sistema. Por eso es importante distinguirlas de las demás cooperativas: tienen otros fines y, también, se valen de otros medios. Instrumentos surgidos de la propia CIC (que es la que más avanzada está respecto a sus emulaciones en el resto del Estado), como el sistema mutual de salud pública son un ejemplo claro de lo que se puede hacer al margen del sistema, y suponen en sí mismo la recuperación de la mejor tradición del cooperativismo como tendencia no integrada en el capitalismo sino con afán de construir algo diferente.

En fin, en un momento de emergencia social como el actual, parece natural que resurja el cooperativismo. Algo similar ocurrió, por ejemplo, en Argentina después de 2001, y allí ya se vieron las limitaciones de estas experiencias: muy positivas en muchos aspectos, pero con una barrera a la que más temprano que tarde hay que hacer frente, a saber, la competencia con los emprendimientos capitalistas convencionales.

Entretanto, desde luego, un funcionamiento horizontal, en muchos casos, asambleario, hace que los protagonistas de estas experiencias adquieran una cultura política no sólo perfectamente válida sino también deseable para buscar alternativas al sistema. Por eso, bienvenidas sean. Ahora bien, iniciativas como la CIC son un intento de dar ese paso, que no es tan inmediato: el que va de la cooperativa tal cual a la autogestión del sistema, basándose en el fundamento de que si el sistema funciona es porque nosotros hacemos que funcione, así que ¿por qué no funcionar de otra manera?

Y si, como hasta la fecha, no se incurre en el error de querer integrarse en el sistema y, por tanto, competir con sus instituciones, constituyen un movimiento social saludable que, además de la movilización, le permite convertirse en un germen de algo nuevo, en una propuesta desde la acción de cómo podríamos vivir de una manera diferente. Bienvenida sea.

José Luis Schumpeter: Una cosa que siempre me intriga de las recetas que se proponen para sacar al Estado español de la crisis es la unanimidad en la importancia del “cambio de modelo productivo”, los discursos sobre el I+D+i, la excelencia investigadora, etcétera. Aquí están de acuerdo todos los llamados agentes sociales. Entonces, ¿por qué no se hace?

En primer lugar, hay mucho de retórica vacía en esa unanimidad del cambio de modelo productivo. Pero es que además los intereses que mueven la acción del Estado y del empresariado —dos de los agentes que deberían ser claves en ese supuesto cambio— van en contra de él. Si nos situamos primero en el período expansivo de la economía española, antes de la crisis de 2009, podemos ver que no se hizo realmente nada para cambiar el modelo productivo. Una tríada, en este caso formada por el sector de la construcción, la banca y los gobiernos de todos los niveles, decidió que era mejor seguir la estela de la burbuja. De un lado, porque todos ellos extraían beneficios de ella; de otro, porque cambiar el modelo productivo requiere políticas intervencionistas (por ejemplo, las olvidadas políticas industriales)… y paciencia. Aplicar esas políticas supondría enfrentarse a los poderes fácticos que se beneficiaban del proceso expansivo, y además hacerlo con resultados que sólo se verían en el medio plazo, así que ningún gobierno aceptaría jamás ese coste.

Volviendo a la actualidad, en el caso del Estado, al menos desde el año 2010 los dos Gobiernos que hemos tenido han puesto en marcha políticas dictadas por la Troika cuyo único objetivo ha sido rescatar a la banca y asegurar la devolución de la deuda (o más bien asegurar la rentabilidad de sus inversiones) a los acreedores financieros externos de nuestra economía. Dichas políticas han provocado que, a pesar de que la economía española había comenzado a crecer a mediados de 2011, desde entonces haya vuelto a caer en la recesión como consecuencia de los efectos de los brutales recortes de gasto público y políticas de ajuste sobre el trabajo impuestas. Es debido a que son esos intereses los que prevalecen que el recorte de la inversión pública en investigación ha alcanzado el 40% desde 2009. De hecho, la política de poner a la austeridad por encima del necesario cambio de modelo productivo se refrendó en los Presupuestos Generales del Estado para 2013, a pesar de los trucos contables con los que se ha intentado ocultar el aún mayor recorte en I+D.

En el caso del empresariado, no hay que olvidar que tanto la banca como los propios empresarios dedicaron la llegada de grandísimos flujos de crédito provenientes del resto de Europa que la entrada en el euro generó, no a fortalecer nuestro aparato productivo, sino a generar una burbuja inmobiliaria con la que lograron amplísimos beneficios, pero que no sirvió sino para seguir desindustrializando nuestra economía, empeorando su posición en la división internacional del trabajo y poniendo las bases para la profunda crisis en la que nos encontramos actualmente. Es decir, que por mucho que el empresariado quiera hacer creer que sus intereses coinciden con los de la economía, y que gracias a que a ellos les va bien, crean empleo y a la clase trabajadora le va asimismo bien, en realidad de lo único que se preocupa es de su propio enriquecimiento. No hay que olvidar que la lógica capitalista es la lógica de la rentabilidad, no la lógica del desarrollo económico y la mejora del bienestar social. Por ello, no hay que esperar que el capital apueste por inversiones de largo plazo que repercutan positivamente en nuestro modelo económico si tiene a su disposición oportunidades de inversión que le permiten lograr beneficios fáciles y a corto plazo haciendo poco más que especular.

La única manera de revertir esta tendencia es empezar por frenar las políticas estatales de austeridad, a la vez que se trata de socializar el aparato financiero para así poner las bases de un control democrático de la economía y poner en marcha un modelo de desarrollo justo y sostenible, tanto económica, como social y medioambientalmente.

Pedro: ¿Reconoce Novecento la actualidad del cenit del petróleo, y por tanto la necesidad de tomar medidas urgentes para reducir nuestra necesidad de petróleo? ¿Asume los presupuestos del Crash Oil Observatory? ¿Qué opinión les merece el ocultamiento de la realidad del peak oil por los principales medios de comunicación oficiales y alternativos?

Respecto a la “actualidad del cenit petrolero”, la verdad es que nuestros conocimientos sobre geología son más que escasos, y nadie de CN es experto en ello como para tener un criterio al respecto. En todo caso, consideramos que la necesidad de tomar medidas para reducir nuestra dependencia petrolera es urgente independientemente de si se ha alcanzado o no ese punto. Se trata de algo tan básico como que el modelo energético actual es ecológicamente insostenible y los efectos ya empiezan a manifestarse, como es todo lo relativo al cambio climático. Pero incluso, si nos limitáramos a considerarlo desde un punto de vista simplemente económico, tal dependencia de un recurso energético (que hay que importar en su práctica totalidad) es más que contraproducente. Por tanto, coincidimos con esa necesidad de reducir la dependencia petrolera, aunque creemos que esta urgencia es independiente de cuánto petróleo quede por extraer del subsuelo.

Rash: Hola, mi pregunta es acerca del contrato único y la dualidad del mercado de trabajo. Consideráis que menos modelos de contrato favorecerían un mercado menos “tramposo” en cuanto a contratos de prácticas, becas, contratos de pruebas, etc. O, en otras palabras, ¿hay “demasiadas” modalidades de contratación? ¿Sería más efectivo un mercado con menos contratos? ¿Quién está defendiendo ese discurso contra la dualidad? ¿en qué argumentos se basan?

El problema de nuestro mercado de trabajo no es que haya muchas modalidades de contratación. El problema es que la existencia de buena parte de estas modalidades ampara figuras contractuales con escasos derechos reconocidos (contratos temporales, con reducida indemnización, que pueden encadenarse sucesivamente sin límites estrictos, etc.). Mientras estas figuras contractuales sigan existiendo en nuestra legislación laboral, y no se desincentive verdaderamente su uso, los empresarios las seguirán utilizando para contratar trabajadores, sobre todo en determinados sectores (hostelería, servicios de atención personal…).

La última reforma laboral es una buena prueba de ello. En dicha reforma se facilitó y abarató el despido de los empleados indefinidos, con la excusa de que de este modo los empresarios recurrirían en mayor medida a esta figura de contratación. Sin embargo, no se introdujo ninguna medida para desincentivar la realización de contratos temporales (más allá de una cuestión meramente anecdótica, que incrementaba de 8 a 12 días la indemnización por despido y que no entrará en vigor hasta el 2015). Por ello, al no haber introducido ninguna penalización sobre las figuras contractuales con menores derechos reconocidos, los empresarios siguen acudiendo masivamente a su utilización, y la dualidad del mercado de trabajo sigue siendo muy elevada. Es más, con la excusa de acabar con esa dualidad se erosionaron los derechos asociados a los contratos indefinidos. Por lo tanto, la existencia de menos figuras contractuales no necesariamente redundará en un mercado laboral menos “tramposo” en cuanto al uso de figuras laborales que fomenten la precariedad. Dependerá de cómo sean las figuras contractuales que se mantengan.

En caso de que se implantase –como plantean los economistas vinculados a FEDEA– un contrato laboral único tampoco se reduciría necesariamente la segmentación ni la dualidad de nuestro mercado de trabajo. El contrato único se presenta generalmente como un contrato con despido libre, esto es, descausalizado judicialmente, y cuya indemnización pasa de 8-9 días por año trabajado al principio (es decir, similar al contrato temporal) a 20-30 días por año trabajado cuando el empleado alcanzara los cinco o seis años de antigüedad. Esa figura contractual no impediría en absoluto que los empresarios sigan haciendo el mismo uso que en este momento se hace de la contratación temporal –pasados seis meses o un año de contrato, se produce la finalización de éste–, en tanto en cuanto los costes y la facilidad de despido son equivalentes a la de los contratos temporales. Y, sin embargo, sí que supondría un empeoramiento de las condiciones laborales de los actuales contratos indefinidos.

De facto, el contrato único conllevaría convertir a todos los trabajadores en temporales, al descausalizarse y abaratarse aún más el despido. Si lo que se quiere es proteger a ese 25% de trabajadores que tiene contratos temporales y precarios, lo que hay que hacer es desincentivar realmente esa forma de contratación, y no reducir la protección laboral del otro 75% de asalariados. Con esa medida lo que se conseguiría es precisamente desproteger al conjunto de los asalariados.

El uso que los empresarios harían de un contrato único generaría una dualidad “de facto” en función de los sectores económicos: en aquellos donde hoy día está muy extendida la contratación temporal (como la hostelería o el turismo) esta figura contractual generaría un elevado encadenamiento de contratos –a un despido durante el primer año de trabajo le seguiría una nueva contratación, y así sucesivamente–; en aquellos otros sectores donde predomina más la contratación indefinida, los contratos se rescindirían más tarde y la rotación sería menor. De este modo, la dualidad no se solucionaría de hecho, pero se erosionarían aún más los derechos de los contratos indefinidos actuales. De todas formas, en este momento ni los sindicatos ni el gobierno son partidarios de que implante este contrato, por lo que no parece fácil que en el corto plazo se vaya a introducir en nuestra legislación laboral.

Solucionar el problema de la precariedad laboral en nuestro mercado de trabajo pasa por tres cosas: primero, penalizar legalmente dicha contratación; segundo, superar nuestro modelo productivo, basado en sectores de baja cualificación intensivos en mano de obra (como la construcción, la hostelería o el turismo) que determinan este intenso recurso a los contratos temporales; por último, deben incrementarse las inspecciones laborales para garantizar que la contratación temporal realmente cubre trabajos puntuales en las empresas, y no son sustituciones de carga de trabajo permanente.

Olmo: ¿Qué tipo de soberanía monetaria se recuperaría con la salida del Euro? ¿En qué condiciones quedarían los trabajadores con una peseta hiperdevaluada? ¿No sería más bien el euro un engranaje imprescindible para expropiar de forma efectiva la riqueza de los mercados financieros globales?

La pregunta es de mucha enjundia y toca elementos muy importantes a considerar. Primero, es evidente que con la entrada en el euro se pierde la soberanía monetaria. Pero ¿cuánta soberanía real se tenía antes del euro y cuánta posteriormente? Pues parece que no demasiada. Tengamos en cuenta además, que economías como la española son muy dependientes de la captación de ahorro externo, lo que condiciona y limita sobremanera la autonomía en materia de política monetaria.

Con respecto a la devaluación, se han tendido a exagerar en ocasiones los supuestos parabienes de esta medida. A corto plazo implica, en efecto, un abaratamiento relativo de las exportaciones, pero de igual modo un encarecimiento de las importaciones. Y con ello un menor nivel de poder adquisitivo con respecto al exterior. En un modelo productivo, además, tan dependiente de las importaciones energéticas implica elevar los costes de producción. Se esté o no a favor de una salida del euro, conviene tener presentes los efectos que sobre la clase trabajadora podría tener una peseta hiperdevaluada, como mencionas. Para empezar, sus ingresos quedarían expresados en pesetas, pero sus deudas están contraídas en euros, por lo que éstas se multiplicarían. Asimismo, todos los bienes de consumo adquiridos fuera se encarecerían. Segundo, la contracción del crédito se agudizaría, más si cabe con la dependencia que la economía española tiene del ahorro externo. Esto supone a corto plazo más desempleo y una mayor asfixia todavía para las PYMES, más perjudicadas por la falta de acceso a financiación.No sería en todo caso el fin del mundo, pero han detenerse presentes los fuertes costes que sin duda tiene una decisión de ese estilo.

El profesor Jorge Fonseca utiliza al respecto una metáfora que consideramos muy atinada. Estás en un avión en vuelo. Pudo ser un error haber despegado, quizá no debieras haber hecho el viaje, pero puede que la solución no sea tampoco saltar de la aeronave. Tal vez sería mejor tratar de tomar el control del aparto e intentar un aterrizaje de emergencia.

La crisis en la eurozona, más que un problema monetario es una crisis de deuda privada, cuya gestión se ve perjudicada precisamente porque acreedores y deudores comparten una misma moneda. La cuestión es que los deudores como tales tienen un inmenso poder si lo quieren utilizar y si unen sus fuerzas. Un poder que les puede permitir exigir por ejemplo poner fin a ese “socialismo para ricos” donde se nacionalizan deudas privadas, auditar esa deuda pública y rechazar aquella parte que se considere ilegítima. Pero lo que está claro es que no son los intereses de las élites que los gobiernan. Así pues, en lugar de asumir que todos somos Grecia, porque si no lo somos ahora, lo seremos pronto, resulta que Grecia no es Portugal, España no es Irlanda, Italia no es Chipre…

No sabemos si resultaría tanto como “imprescindible” el euro para esa expropiación de los mercados financieros, en todo caso hay una reflexión muy interesante al respecto en un artículo publicado por Sin Permiso en diciembre de 2012. Lo que plantea su autor, Alejandro Fernández, es entre otras cosas cómo el capital se internacionaliza pero el trabajo parece renunciar a esa estrategia internacionalista para ganar fuerza frente al capital. Si priorizamos ese debate y esa propuesta internacionalista frente a buscar posibles soluciones unilaterales a escala local, tal vez sería más adecuado.

Fotografías de Álvaro Minguito

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