De los derechos a la caridad. Las ONG vuelven a los países “desarrollados”.

Healthcare is a Human Right

Miguel González Abeytua

Desde que en 2008 la “crisis” empezó a manifestarse con mayor virulencia en España, venimos presenciando cómo se recortan los presupuestos públicos de distintos servicios esenciales que el Estado ha estado tradicionalmente comprometido a satisfacer.

Entre otras medidas asistimos perplejos a la reducción de los presupuestos dedicados a Ciencia y Tecnología que deberían ayudarnos a renovar nuestro sistema productivo. Presenciamos cómo el Gobierno vuelve a intervenir en la radio y televisión públicas deshaciendo los intentos por avanzar en su neutralidad que se habían puesto en marcha en la anterior legislatura. Vemos cómo se reduce el presupuesto y se grava con mayor intensidad la actividad cultural que, entre otras cosas, es fuente de trabajo para miles de personas. Pero, sobre todo, observamos indignados el ataque frontal que sufren los sistemas de educación y sanidad públicas convirtiéndose en nuevos sectores de inversión para distintos grupos empresariales que necesitan nuevos nichos de mercado para mantener sus tasas de ganancias. De esta manera se ponen en peligro, no solo las condiciones laborales de los profesionales que en ellos trabajan, sino el acceso mismo a estos servicios y, por tanto, las condiciones de vida para el conjunto de la ciudadanía que los ha construido, mantenido y disfrutado durante décadas.

Es fundamental subrayar que los servicios arriba mencionados están asociados a sus correspondientes derechos: derecho a la educación y a la sanidad de calidad, derecho a la información o derecho al trabajo digno. Al comprenderlo así, entenderemos también que los recortes en los presupuestos, en realidad, son recortes en nuestros derechos básicos.

Algunos de estos recortes, además, van un paso más allá, y no solo alejan, sino que excluyen directamente a una parte de la población del derecho a recibir ciertas prestaciones públicas. El caso más visible es el de los inmigrantes que se encuentran en España en situación de irregularidad administrativa, quienes se hallan ahora con una cobertura sanitaria mínima u obligados a pagar para poder ser atendidos (Real Decreto Ley 16/2012). También vemos cada día cómo asciende el número de personas que, excluidos de los sistemas de protección social del Estado, necesitan acudir a centros de ayuda o a comedores sociales para poder alimentarse.

Además, gracias a la escalada galopante en las tasas de desempleo que vivimos, la desigualdad y la pobreza crecen día a día en nuestros propios barrios, pueblos y ciudades. De hecho, además de conocer hoy que el índice de Gini en España (magnitud que mide la desigualdad en los ingresos de los individuos) se encuentra a niveles de 1995, perdiendo así todos los avances que se hubieran podido llevar a cabo en los últimos lustros, también sabemos que “el 21,1% de la población española vive por debajo del umbral de la pobreza”. Y lo más preocupante es que la tendencia hacia un mayor aumento de estos valores se da justamente cuando los sistemas públicos de protección social, que pretendían mitigar estas diferencias de ingresos o paliar sus efectos más severos, están siendo desmantelados a base de “recortes”.

En este contexto, la prestación de algunos de esos servicios públicos pretende ser derivada a distintas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) del ámbito privado. Es decir, la crisis puede generar que el papel de las ONG cobre gran importancia en nuestra sociedad, pero no como organizaciones canalizadoras de recursos a países más empobrecidos que el nuestro, sino como prestadores de servicios en nuestra propia sociedad.

Quedándonos con el ejemplo de la sanidad, algunas ONG, como Farmacéuticos sin Fronteras, trabajan directamente con proyectos como “Asistencia Farmacéutica en el Cuarto Mundo” que no ha hecho sino crecer desde su nacimiento en 2004. Otras organizaciones, como Médicos del Mundo, en vez de dar asistencia sanitaria, han optado por posicionarse en contra del Real Decreto antes mencionado y ejercer “una labor de asesoramiento, acompañamiento y mediación ante la Administración en todos los casos de vulneración del derecho a la salud que la organización ha ido conociendo”, realizando así en nuestro país tareas de denuncia, empoderamiento y advocacy (tareas propias de ONG Internacionales sobre el terreno en otros lugares del mundo).

Esta transferencia del sector público al denominado Tercer Sector no es sino la consecuencia de la privatización de algunos de estos servicios a favor de empresas privadas, con ánimo de lucro, que se encargarán de gestionar distintos servicios. En el caso de la sanidad en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en ciertos hospitales se privatizarán no sólo áreas como cafeterías o servicios de limpieza, sino los propios servicios médicos conocidos como de “bata blanca”.

Así pues, siendo diversas ONG las que ahora podrán pasar a cubrir algunas de estas prestaciones que anteriormente atendían las distintas administraciones del Estado (aunque sigan financiándose total o parcialmente con dinero público), damos un giro cualitativo de 180 grados y observamos cómo pasamos de vivir en un sistema en el que podíamos aspirar a disfrutar ciertos derechos básicos, a vivir en un sistema en el que podemos aspirar a acceder a distintos sistemas de caridad que podrán, o no, ser prestados en función de las capacidades, necesidades e intereses de las propias organizaciones que los ofertan.

Podemos afirmar además que este “proceso deliberado de recortar para deteriorar y deteriorar para privatizar” que sufrimos se realiza, no con el fin de asegurar las mejores condiciones de vida posibles para la mayoría de la población, sino con el objetivo de sostener, mantener y aumentar más aún si cabe los privilegios de grupos sociales concretos y minoritarios relacionados con estás corporaciones. Precisamente a estas se les están abriendo nuevos campos de inversión en sectores como la sanidad, pero también, de una forma más o menos pública y a un ritmo más o menos lento, la educación o las pensiones.

Sufrimos ahora en primera persona las consecuencias de nuestra propia medicina. Porque esta forma de funcionar, este esquema social en el que lo público se reduce a la mínima expresión, privatiza cualquier servicio susceptible de generar rentabilidad. Es por ello que se deja para las ONG el resto de prestaciones que el mercado no quiere asumir, como ya se aplica en la mayoría de lugares del mundo por recomendación de nuestras instituciones, con las dramáticas consecuencias por casi todos conocidas.

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2 pensamientos en “De los derechos a la caridad. Las ONG vuelven a los países “desarrollados”.

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