¿”Otro ajuste es posible”?

La foto de los Presupuestos de 2013 ha salido completamente nítida. Entre toda la maraña de partidas recortadas y previsiones nada creíbles, una cifra resalta por encima del resto: el pago de intereses de la deuda se incrementará en 9.742 millones de euros, hasta llegar a suponer un gasto de 38.615 millones de euros, un 34% más que este año. Para hacernos una idea de lo que esto significa, pensemos que el Estado va a pagar más en intereses que en la suma de las nóminas de todos los funcionarios y empleados públicos, la cual en comparación supone únicamente 27.672 millones de euros, lo que representa un 30% menos que el pago a los inversores.

El País lo titulaba: “El pago de los intereses de la deuda se come todos los recortes del gasto”, mientras que Público hablaba de que: “El aumento de los intereses de la deuda se come toda la subida de impuestos para 2013”. En ambos casos parecía como si la presupuestación de gastos e impuestos que ha hecho el Gobierno no se encontrase relacionada con dichos intereses. Sin embargo, a estas alturas ha quedado perfectamente claro, para quien aún no lo tuviese, cuál es el objetivo único tanto de las regresivas subidas de impuestos (IRPF, IVA, impuestos especiales, etc.) aprobadas durante los últimos años, como de los recortes de gasto público (en sanidad, educación, dependencia, desempleo, investigación, pensiones o en el mismo salario de los funcionarios públicos, etc.) efectuados desde que empezó el ajuste. El objetivo de todas estas medidas no es otro que seguir rindiendo pleitesía a los mercados financieros en una espiral de crisis-endeudamiento-pago de intereses-recortes-más crisis que nos está empujando hacia un auténtico abismo económico y social.

El intento de justificación de dichos recortes en la necesidad de hacer más eficiente al sector público con el propósito de salir de la crisis se puede desechar automáticamente con cifras como las expuestas en el primer párrafo. Ningún recorte del gasto público nos va a sacar de la citada espiral si no se cuestiona lo que en realidad tiene que cuestionarse: el pago de los intereses de una deuda ilegítima. Hay que recordar que la deuda pública se encontraba en un irrisorio nivel del 35% en 2007, y que sólo después de quedar el Estado expuesto al negocio de la banca europea (que desde el estallido de la crisis ha estado recibiendo préstamos al 1% por parte del Banco Central Europeo con cuya inversión en la especulación sobre la deuda pública de diferentes países esa banca ha obtenido rentabilidades del más del 5%) la cifra de la deuda española ha llegado a alcanzar el 80% en 2012 y superará el 90% en 2013, una vez que se acabe de contabilizar la carga que para las arcas públicas suponen los fondos concedidos por la UE para el rescate de la banca privatizada.

En Francia el Gobierno presidido por François Hollande aprobó la semana pasada unos Presupuestos pensados también para asegurar el pago de intereses de su deuda pública, los cuales son igualmente la partida de gasto estatal más onerosa. Sin embargo, anunció varias medidas que a priori compensan hasta cierto punto el reparto de la carga de dicho pago, aunque no lo suficiente para evitar la paralela puesta en marcha de recortes. Entre dichas medidas se encuentran una reforma progresiva del Impuesto sobre la renta que, entre otras cuestiones, hace tributar a los rendimientos del capital mobiliario (dividendos, intereses, etc.) de acuerdo al baremo progresivo general del impuesto, en el cual se introduce, además, aunque temporalmente, un tipo máximo del 75% sobre las rentas superiores al millón de euros. También se incluye una reforma del Impuesto de sociedades que elimina o reduce varias de las deducciones y exenciones que aprovechan las empresas francesas para limitar la tributación por sus beneficios. Y a esas medidas se une un incremento del techo de ingresos anuales que se pueden llegar a pagar en concepto del denominado Impuesto de solidaridad sobre la fortuna.

En comparación con las medidas tomadas por nuestros gobiernos, el pasado y el presente, lo aprobado por el francés nos podría hacer pensar en que “otro ajuste es posible”, uno que, yendo más allá de lo que realmente ha hecho el gobierno de Hollande, evite que el rescate de la banca privada empeore aún más las cuentas públicas, que vuelva a hacer progresiva la carga fiscal, que no cuestione la educación y la sanidad públicas, que asegure la subsistencia de quienes se han quedado sin ingresos, o incluso que recaude fondos para tomar medidas de reactivación económica. Sin embargo, lejos de albergar esperanzas al respecto, debemos de hacernos conscientes, si no lo somos ya, de que con todas las medidas que están tomando los gobiernos europeos no se está tratando simplemente de convertir a la crisis que han tenido los negocios del 1% de la población en una estafa sobre la ingresos del 99%, sino sobre todo se está tratando de acabar de imponer una subordinación total de las clases populares a las gobernantes; no a nuestra clase política títere, sino a quienes controlan a ésta, es decir, a aquellos que se encuentran detrás de los, tantas veces mencionados, mercados financieros.

Por eso, hay que dejar de interpretar el rescate de la banca como una medida injusta basada en la errónea creencia por parte del Gobierno de que eso hará fluir el crédito otra vez a la economía. Por el contrario, hay que interpretarlo como lo que es en realidad: una socialización de pérdidas privadas con el objetivo de reforzar la posición del mismo capital financiero que nos metió en la crisis.

Hay que dejar de interpretar los recortes en la sanidad y la educación públicas como la respuesta equivocada al problema del déficit. Por el contrario, hay que interpretar ese ataque a todo lo público como lo que es: un proceso deliberado de recortar para deteriorar y deteriorar para privatizar con el objetivo de abrir nuevos espacios de negocio altamente rentables para el capital.

Hay que dejar de interpretar la falta de medidas de reactivación económica y creación de empleo como el fruto de una miopía de los economistas neoliberales a la hora de enfrentarse a la crisis. Por el contrario, hay que interpretar la falta de voluntad real de recuperar la economía, cuando existen herramientas para ello, como lo que es: una estrategia explícita para que el paro deteriore el poder negociador de los trabajadores con el objetivo de intensificar el sempiterno ajuste sobre el salario y, con él, la rentabilidad empresarial.

Tenemos que tener claro, si es que aún no lo tenemos (cada vez son más los que sí), que es esto, y no simplemente quién paga la factura contable de la crisis, lo que está en juego en estos momentos. De lo que se trata, por tanto, no es de pedir al gobierno que ponga en marcha otro tipo de ajuste, sino de cuestionar la misma lógica de éste. Por eso tenemos que acompañar campañas tan importantes como el “no debemos, no pagamos” con la exigencia de una toma de control público y democrático sobre el sector financiero y, muy especialmente, sobre el banco central. Y hacerlo como primer paso para una toma de control general sobre el proceso productivo. Sin tener esto como objetivo último corremos el riesgo de que la exigencia de una democracia real expresada por la Mayoría Manifestante desde, al menos, el 15-M quede ahogada por los mismos poderosos intereses que ahora mismo nos gobiernan.

Por mucho que la derecha política, mediática y económica se haya rasgado las vestiduras por el cuestionamiento que los manifestantes del 25-S hicieron de la legitimidad de un Congreso y un Gobierno que se encuentran al servicio exclusivo de los mercados, la realidad es que sin democracia económica jamás habrá democracia política. Ojalá a nuestra generación le baste con una crisis para aprender esa lección.

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2 pensamientos en “¿”Otro ajuste es posible”?

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