Deuda, banca y recortes.

No por más veces repetido pierde gravedad: estamos asistiendo a un recorte histórico -de los que se estudiarán en los libros de historia- de los derechos económicos y sociales de la clase trabajadora. Buena parte de este retroceso se materializa en el desmantelamiento acelerado de nuestro precario Estado del bienestar. Aunque las medidas son múltiples, quizás el recorte de aproximadamente un 20% en el presupuesto de los ministerios para 2012 es la que de forma más gráfica sintetiza la magnitud del retroceso: el impacto sobre un Estado del bienestar que nunca llegó a alcanzar un grado de desarrollo pleno, en el sentido de al menos comparable con el de países europeos con niveles de renta equiparables, es brutal.

A esto hay que añadir, por una parte, la acelerada destrucción de puestos de trabajo y la imposibilidad de incorporarse al mercado laboral de cientos de miles de jóvenes que han intentado hacerlo estos últimos años: como resultado, según la Encuesta de Población Activa (EPA) en el primer trimestre de 2012 el número de persona en situación de desempleo se acercaba a los 5.640.000, mientras que son ya 1.728.400 las familias en las que todos sus miembros están en paro.

Por otro lado, la parte de la población expulsada de sus viviendas habituales por no poder hacer frente a la hipoteca hace tiempo que dejó de ser una realidad marginal: según el Consejo del Poder Judicial desde 2008 hasta la actualidad ya se ha desahuciado a 166.700 familias.

En definitiva, la conjunción (e interacción) de estos tres elementos –desmantelamiento del Estado del bienestar, tasas de desempleo que afectan casi a la cuarta parte de la población, y pérdida de la vivienda habitual para una parte importante de familias, con el consiguiente impacto en términos de exclusión- permite acotar la dimensión de la catástrofe social a la que nos enfrentamos.

La magnitud del desastre está clara, pero hay que reconocer que la idea de su inevitabilidad también parece estarlo. El discurso oficial sobre la crisis y las medidas necesarias para salir de ella ha conseguido instalarse en el sentido común colectivo. ¿Cómo apelar a la dictadura de los mercados? ¿Cómo cuestionar la aplicación de unas medidas –recortes de derechos, políticas de austeridad, contrarreforma laboral y del sistema de pensiones, entre otras- que se consideran imprescindibles para no caer en un desastre mayor del que ya padecemos? Se identifica el chantaje al que nos someten los llamados “mercados”, se reconoce el secuestro de una política incapaz de tomar decisiones autónomas respecto a las exigencias de la patronal y los inversores financieros. Pero identificar un chantaje no es suficiente para desactivarlo.

La crisis de la deuda -forma en la que se hace referencia a la crisis de la deuda pública- es una pieza central dentro del discurso oficial que sostiene este chantaje. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y ha llegado el momento de apretarse el cinturón. En concreto, se insiste en que las administraciones públicas y las familias se han comportado de forma muy irresponsable: han pasado años registrando unos niveles de gasto que no se podían permitir y financiando dichos gastos con endeudamiento. Las entidades públicas, gastaron gran parte de ese “dinero que no tenían” en financiar un gasto público social que ahora descubrimos que no nos podíamos permitir. Las familias, se endeudaron para acceder a la compra de unas viviendas que, tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, descubrimos que estaban muy por encima de sus posibilidades. Los supuestos “excesos” del pasado -servicios públicos básicos y viviendas que se usan como primera residencia, fundamentalmente- se han materializado en la acumulación de deudas de gran magnitud. Deudas que hay que pagar con el sacrificio presente. El pago de la deuda, particularmente la de titularidad pública, se convierte de esta forma en la coartada a la vez que en el vehículo mediante el cual la población de a pie está haciéndose cargo, a un coste muy elevado, de la factura de la crisis.

 La crisis de deuda pública: ¿un problema caído del cielo?

Frente la inevitabilidad del discurso imperante cabe, no obstante, hacerse algunas preguntas. En primer lugar, debiéramos dimensionar en su justa medida el volumen de endeudamiento al que hacemos frente, y cómo se distribuye. Todavía no contamos con datos oficiales completos para 2011, pero sí sabemos que según informa el Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés) ya en 2010 la economía española acumulaba una deuda total que se aproximaba al 400% del PIB del país. Un nivel de endeudamiento crítico. Sin embargo, si nos detenemos a analizar su composición nos llevamos alguna sorpresa. A pesar de la insistencia por señalar a las entidades públicas y a las familias como principales responsables del “despilfarro”, la realidad es que es el sector privado empresarial quien en mayor medida vivió por encima de sus posibilidades: empresas financieras y no financieras acumulan un 63% de la deuda, mientras que la deuda de las familias constituye sólo un 21% y la de titularidad pública es un 16% sobre la total. Como poco, hay que decir que es sorprendente que, siendo esta la radiografía del gasto excesivo que se llevó a cabo durante los años previos a la crisis, sea ahora la situación de las familias más vulnerables y el gasto público social -que afecta sobre todo a esas mismas familias- quienes cumplen el papel de chivo expiatorio.

Pero más allá de ese trato claramente desproporcionado, no podemos obviar el hecho de que, efectivamente, las cuentas públicas se encuentran en una situación crítica. En 2010 -último año para el que se dispone del desglose de la deuda total que ofrece el BIS y al que nos referimos más arriba-, la deuda pública española se situó en un 61,2% del PIB, todavía muy cerca del imperativo 60% que fija el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE. Pero en 2011 el endeudamiento público ya se situó en el 68,5% del PIB, y la previsión actual del gobierno es que alcance el 79% en 2012. Los niveles comienzan a ser elevados y la tendencia de crecimiento inequívoca. Y la situación es general en Europa. No se trata sólo de Grecia, Portugal o Irlanda. El promedio de deuda pública de la UE se sitúa casi 20 puntos porcentuales por encima de la española.

Se constata, pues, que el desarrollo de la crisis ha devenido en un generalizado deterioro de las cuentas públicas. Lo que no debe hacernos olvidar cuál fue el detonante de la crisis: los problemas financieros en EEUU y sus repercusiones inmediatas sobre entidades financieras a escala mundial. Sintéticamente, sabemos que fueron los excesos del sector financiero privado los que, tras generar beneficios muy abultados durante años al reducido grupo social que obtiene el grueso de sus rentas de los mercados financieros, han arrastrado a la crisis al conjunto de la sociedad. La opinión general percibe que, de alguna forma, el sector financiero privado ha encontrado la manera de traspasar su crisis (o buena parte de ella) a los Estados. Pero concretamente, ¿cómo se ha producido dicho trasvase?

Como punto de partida, hay que tener en cuenta el impacto de más de tres décadas de neoliberalismo, con la consiguiente aplicación del recetario ortodoxo en cuanto a la gestión de las cuentas públicas se refiere. Aunque el proceso descrito es generalizable, el caso español es particularmente acusado: ofrece la imagen de un Estado raquítico en cuanto a su capacidad de recaudar impuestos, siendo esta la vía por la que se suele recaudar en torno al 80% de los ingresos públicos. Pensemos que la carga impositiva total española (incluyendo cotizaciones sociales) constituye sólo un 30,4% del PIB, ocho puntos por debajo de la media ponderada de la UE (38,4%), en la cual, hay que recordar, se recogen también los datos de países del Este y del Mediterráneo con niveles de desarrollo sensiblemente inferiores al de nuestro país (Eurostat). De los 27 países de la UE estamos en el puesto número 20 en cuanto a recaudación de impuestos sobre el PIB, y sólo Irlanda (28,2%) de entre los Estados occidentales de la Unión registra un nivel inferior. De hecho, este es un factor que comparten los denominados PIGS: exceptuando a Eslovaquia, Portugal, Grecia, España e Irlanda son los cuatros Estados de la UE con menor tasa de ingresos públicos sobre el PIB.

La incapacidad de obtener recursos suficientes por la vía impositiva se conjuga con otro rasgo muy acusado: los impuestos que se recaudan responden a un criterio cada vez más regresivo. Es decir, son sostenidos, cada vez más, por quienes menos tienen. Según los datos oficiales entre 1970 y 2009 la carga impositiva implícita sobre los rendimientos del trabajo -que incluye el impuesto sobre las rentas del trabajo y las cotizaciones sociales- en la UE ha ascendido desde un 27% hasta casi un 38%. Sin embargo, el indicador equivalente sobre las rentas del capital se redujo del 38% en 1980 hasta el 30,5% en 2009. La magnitud de las variaciones no deja lugar a dudas sobre la dirección del proceso: el trabajo ha ido aportando al Estado una proporción cada vez mayor de sus ingresos, mientras los capitalistas han ido disminuyendo considerablemente su contribución. Y este sesgo no ha hecho más que acentuarse en los últimos años: el gravamen nominal del impuesto sobre beneficios empresariales promedio de la UE se redujo del 35,3% al 23,1% sólo entre 1995 y 2011, mientras que el gravamen que afecta a las rentas personales más elevadas ha descendido del 47,3% al 37,1% (del 56% al 45% en España). En nuestro país, entre 2000 y 2009 los impuestos que pagan las rentas del trabajo han aumentado un 5,4%, mientras que los que pagan las rentas que obtienen los capitalistas han disminuido en un 15,9%.

En definitiva, conviene no olvidar que la crisis actual afecta a las cuentas públicas sobre un telón de fondo de prolongado deterioro de la capacidad financiera de los Estados. El caso español permite hablar claramente de una carga impositiva insuficiente y cada vez peor distribuida. Es en este panorama en el que impacta la crisis. El estallido de las burbujas inmobiliarias, el impacto inmediato en el sector financiero, y el consiguiente colapso del crédito con sus efectos negativos sobre la actividad económica general, suponen un perjuicio adicional sobre las cuentas públicas en dos sentidos. De un lado, los gastos públicos se incrementan. Se trata de gastos de muy distinta naturaleza: los programas de inversión expansivos en la primera fase de la crisis, las subvenciones directas e indirectas al sector inmobiliario y especialmente, los rescates al sector bancario, por un lado. Pero también aumenta, por ejemplo, el gasto en subsidios de desempleo. Simultáneamente los ingresos públicos, fundamentalmente los impuestos, se reducen. Esto se debe a que la mayoría de los impuestos se recaudan en función del nivel de consumo o de renta de la población, y desde el inicio de la crisis estos no han dejado de caer. Además, esta reducción en la recaudación de impuestos como consecuencia de la crisis refuerza su sesgo regresivo: según datos de Eurostat, entre 2007 y 2009 la carga impositiva implícita sobre los rendimientos del trabajo se reduce poco más de 2 puntos porcentuales, mientras que el capital ha disminuido su aportación en términos de impuestos casi tres veces más (6 puntos porcentuales).

La interacción de ambos procesos –incremento de los gastos y reducción de los ingresos públicos- supone un veloz deterioro de las cuentas públicas: entre 2008 y 2010 los ingresos públicos pasaron de suponer el 37,75% al 36,3% del PIB, mientras los gastos se incrementaron desde el 43,2% hasta el 45,6%. Ambos fenómenos son de gran magnitud teniendo en cuenta el corto período de tiempo considerado. La consecuencia inmediata ha sido un incremento del déficit, del 4,5% hasta el 9,3% entre esos dos años.

 Gráfico 1

Elaboración propia a partir de datos del Banco de España. Para 2012 se toma como gasto en intereses el recogido en los Presupuestos Generales del Estado, y como montante de deuda pública la correspondiente a las estimaciones del gobierno.

 Como decíamos, el impacto de la crisis se produce en el contexto de unas cuentas públicas muy precarias, en el sentido de que tienen muy poca capacidad para recaudar impuestos suficientes de aquellos grupos sociales que podrían pagarlos. No podemos olvidar que en nuestro país el tipo efectivo -el que efectivamente se paga tras la aplicación de deducciones y desgravaciones- del impuesto de sociedades es sólo del 10%[1]; el impuesto de patrimonio se restaura en un formato muy debilitado y temporal; el gravamen máximo del impuesto de la renta se ha reducido 11 puntos porcentuales en los últimos 16 años; el nivel de fraude fiscal duplica el promedio de la UE[2]; etc. Así las cosas, el aumento acelerado del déficit lleva rápidamente al Estado a una situación de imperiosa necesidad de endeudamiento. Y en efecto, la deuda pública crece con velocidad desde el mismo inicio de la crisis, pasando del 40,1% en 2008 hasta el 61% en 2010. El ascenso en el nivel de endeudamiento, como se aprecia en el gráfico 1, sigue a partir de entonces. Y con él, de forma prácticamente paralela, crece también lo que se convertirá en un importante gasto del Estado y, por tanto, en una de sus razones para tener que seguir incrementando sus emisiones de deuda: el pago de intereses de deuda pública.

Recapitulemos: el estallido de la crisis genera en el Estado una necesidad casi inmediata de aumentar su endeudamiento. Y en efecto, sus emisiones de deuda se incrementan de forma muy considerable. Pero, en una situación tan crítica como la que prevalecía aquellos años, con los canales de crédito colapsados… ¿Quién tenía predisposición y recursos para comprar los títulos de deuda adicionales que el Estado necesitaba vender?

 La banca, incluso cuando pierde, gana 

Contestar a esa última pregunta obliga a remontarse a aquellos primeros años de la crisis. 2007 y 2008 fueron los años de las grandes (primeras) crisis bancarias. Importantes entidades financieras, tras años repartiendo beneficios gracias al ejercicio de prácticas excesivamente arriesgadas, corren serio peligro de quiebra. De hecho, se produce alguna bancarrota de importancia. El dogma oficial es que hay entidades “demasiado grandes para caer” porque de hacerlo, arrastrarían al resto de la economía con ellas. Se inician, por tanto, los programas de rescate bancario.

Las fórmulas directas e indirectas mediante las que se inyecta dinero público al sector bancario privado son múltiples, y la cuantificación precisa de los recursos transferidos entraña cierta dificultad. Sí es posible, no obstante, estimar su magnitud de forma aproximada[3]. En primer lugar hay que considerar las transferencias directas. Hasta finales de 2011 el Estado español afrontó en solitario (sin participación de la banca) los costes del “desastre bancario”. En 2008 inició un plan de compra de activos (prestó 19.000 millones de euros) y estableció una línea de avales para emisiones cuyo saldo vivo actual es de 81.000 millones. Con este dinero los bancos han atendido parte de sus deudas pendientes, pero no han concedido créditos. En 2009 se creó el fondo de rescate (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FROB), y se prestó más dinero a la banca para reducir plantillas y reforzar su capital. En tres ocasiones distintas se ha ayudado al sector con 14.346 millones.

Los cálculos del dinero directamente transferido no son exactos porque estas operaciones incluyen desembolsos inmediatos y avales, que en gran parte es seguro que se van a activar porque respaldan unos activos que se saben sobrevalorados, pero que tampoco pueden contabilizarse en su totalidad. De las múltiples estimaciones que circulan podemos quedarnos con una que puede considerarse conservadora: la de la Comisión Europea[4]. Según sus datos, entre 2008 y 2010 -es decir, sin considerar los importantes desembolsos a cajas de ahorro realizados en 2011- el Estado español ha inyectado 10.800 millones de euros para recapitalizar el sector bancario. A eso hay que sumar 55.830 millones adicionales en avales y garantías. Como hemos dicho, esta cantidad no puede contabilizarse de forma completa, pero en gran medida sí será transferida. Y en cualquier caso, es dinero “bloqueado”, que el Estado no puede usar. Otras medidas denominadas de “alivio”, facilidades de financiación e inyecciones de liquidez han supuesto, en conjunto, 22.180 millones de euros más. Aunque no podemos hacer cálculos totalmente precisos, la magnitud de los desembolsos parece evidente: suman 88.800 millones de euros, equivalente al 8,5% del PIB. Pensemos que durante ese mismo periodo de tiempo el gasto público dedicado a financiar las prestaciones por desempleo fue aproximadamente de 66.400 millones de euros. A finales de 2009 ese desembolso garantizaba un ingreso mínimo a más de tres millones de familias.

A estas cantidades hay que añadir los recursos públicos transferidos mediante mecanismos indirectos. Entre ellos, la política de “barra libre” ejecutada por el Banco Central Europeo es el más importante: desde 2009 El BCE ofrece crédito público sin límite y a un tipo de interés muy por debajo del de mercado (entre el 1% y el 1,5%) a los bancos privados. Otorgar crédito público a interés subvencionado es otra forma de “regalar” dinero a los bancos. Mientras, no lo olvidemos, los propios Estados no podían acceder a esta financiación favorable y tenían que acudir a los mercados financieros privados a colocar sus títulos de deuda a cambio de unos intereses muy superiores. La justificación oficial a esta situación rocambolesca es sencilla: es necesario gastar dinero público en rescatar a los bancos privados, porque esa es la vía para que vuelvan a prestar dinero a familias y a empresas, de forma que tanto la inversión como el consumo puedan reactivarse.  Al margen de que la secuencia prevista no se haya cumplido, lo cierto es que la gran cantidad de recursos públicos inyectados de una u otra forma a la banca privada es en parte responsable del incremento de gasto público que, según se explicaba en el apartado anterior, deteriora con velocidad las cuentas públicas.

Además se constata que, en contradicción con las previsiones oficiales, la banca privada no emplea esa enorme cantidad de dinero público en conceder crédito y reactivar la economía. La banca privada funciona (lógicamente) con criterios de rentabilidad, y la concesión de créditos en un contexto recesivo como el actual no es precisamente un negocio atractivo. Sobre todo, si se encuentra a su alcance una oportunidad de negocio mucho más rentable y segura.

Según hemos visto, precisamente durante esos primeros años de los grandes rescates bancarios, y en buena parte debido a ellos, el Estado comienza a incrementar sus emisiones de títulos públicos. La deuda pública no es sólo un negocio seguro; se trata también de un negocio muy rentable: precisamente el deterioro de las cuentas públicas conlleva un incremento de los tipos de interés que tiene que ofrecer el Estado para “convencer” a los inversores privados de que compren su deuda. De esta forma, la banca europea en general, y la española en particular, se lanza de forma masiva a gastar el dinero público conseguido en comprar deuda del Estado.

Cuadro 1

Deuda pública: distribución por compradores (%)

Letras del Tesoro

Bonos y Obligaciones

Sector financiero

43,6

41,5

   Sistema crediticio

35,6

32,3

        Bancos

25,9

15,0

        Cajas de Ahorros

8,2

13,1

        Otros

1,5

4,2

   Otros agentes financieros

8

9,2

        Fondos de Inversión

5,5

2,2

        Fondos de Pensión

0,7

1,7

        Seguros

0,2

4,4

        Otros

1,6

0,9

Empresas no financieras

1,4

2,3

Familias

2,7

0,5

Administraciones públicas

1,8

11,7

No residentes

50,6

43,9

TOTAL

100

100

Elaboración propia a partir de datos del Banco de España (2011). La partida de “otros” dentro del sistema crediticio incluye al Banco de España, cooperativas, y lo que las estadísticas oficiales clasifican como “resto”.

El resultado de este proceso es una suerte de reciclaje de dinero: la banca emplea un dinero público que se le ha regalado o prestado a un tipo de interés muy reducido en comprar los títulos de deuda que el Estado tiene que emitir para, en gran medida, financiar esas operaciones de rescate. El diferencial de intereses es muy sustancial, teniendo en cuenta que la deuda pública se coloca con tipos que oscilan entre el 4% y el 6,5%, en el mejor de los casos. Para la banca la operación es redonda: como resultado de su propia crisis, que es consecuencia de los beneficiosos años de euforia financiera previa, encuentra un nuevo filón. Los datos del cuadro 1 no dejan lugar a dudas. En 2009 el sector financiero nacional concentra en sus carteras el 43,6% de las Letras del Tesoro y el 41,5% de los Bonos y Obligaciones. Casi la mitad. Y no es que el resto de títulos públicos esté en poder de otros grupos sociales: prácticamente la totalidad de títulos de deuda pública que no está en manos de las entidades financieras nacionales forma parte de las carteras de inversores extranjeros, en su abrumadora mayoría también de tipo financiero. Es decir, es el sector financiero privado (español y extranjero) quien tiene la práctica totalidad de la deuda púbica emitida. Hay que destacar que los bancos de nuestro país, en solitario, detentan casi la cuarta parte del total. Por su parte, las familias españolas y las empresas del sector no financiero, como puede observarse en el cuadro, ocupan un lugar ciertamente marginal. Lo cual nos permite delimitar con bastante precisión cuáles son los grupos sociales que se están beneficiando de este lucrativo negocio.

Para el Estado, por su parte, la operación es una verdadera ruina: se ve envuelto en una dinámica de endeudamiento creciente, porque la emisión de deuda a tipos de interés elevados no hace más que generar nuevas necesidades de endeudamiento para poder atender sus crecientes obligaciones financieras. El gráfico 1 ilustraba claramente esta espiral de crecimiento de la deuda y necesidades financieras adicionales que retroalimentan la necesidad de endeudamiento. Una ruina, además, absurda: sus principales acreedores son aquellos a quienes rescató.

 ¿Quién paga la cuenta?

Por último, queda por analizar de dónde provienen los recursos con los que se está financiando esta operación. Por una parte, la espiral de endeudamiento público genera ingresos crecientes para los grupos sociales que compran deuda pública. La crisis ha hecho aumentar estos ingresos de forma espectacular: según los datos con los que hemos construido el gráfico 1, entre 2007 y 2012 el pago de intereses de deuda púbica ha crecido un 80,3%, pasando de 16.000 millones de euros a 28.848 millones (presupuestados). Sabemos que la apropiación de esos ingresos se encuentra muy concentrada. Y que su contrapartida es un incremento análogo en el gasto financiero público. Pero, ¿de dónde obtiene el Estado los recursos para hacer frente a esos pagos? Es decir: ¿qué grupos sociales son los que están sosteniendo el negocio de la deuda pública?

En primer lugar, consideremos un escenario de “normalidad”, en el cual no existe ni se percibe riesgo de que el Estado vaya a tener dificultades para hacer frente a sus obligaciones financieras. El Estado financia la totalidad de sus gastos, los financieros incluidos, bien mediante la obtención de ingresos, bien mediante la emisión de nueva deuda pública. La mayor parte de los ingresos públicos se obtienen a través de los impuestos. Y el procedimiento mediante el que se recaudan estos impuestos, particularmente en nuestro país, es, como hemos explicado, acusadamente regresivo: según Eurostat el capital español ha pagado un promedio del 26,2% del total de impuestos recaudados entre el año 2000 y 2009. A esto habría que añadir que, según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), el 72% del fraude fiscal de este país lo hacen las grandes empresas y las grandes fortunas. Es decir, el capital. Y no conviene olvidar que las rentas del capital (el llamado excedente bruto de explotación) absorben prácticamente la mitad del total de la renta nacional. Es decir, hay un grupo social muy minoritario que, acaparando aproximadamente la mitad del ingreso del país contribuye sólo con una cuarta parte de los impuestos. Es el resto de la sociedad, en su gran mayoría clase trabajadora, quienes financian masivamente los gastos públicos en general, y el pago de intereses de deuda pública en particular.

Teniendo en cuenta que, según indican los datos de cuadro 1, no es aventurado estimar que son precisamente los que proporcionalmente menos contribuyen los que reciben la gran parte de los ingresos por deuda pública, hay que decir que, incluso en condiciones de “normalidad”, el mecanismo de la deuda pública se convierte en un formidable instrumento de trasferencia de rentas entre grupos sociales. Si además consideramos que buena parte del gasto que inició la espiral de endeudamiento fueron los rescates bancarios, y que son precisamente los bancos los principales acreedores de la deuda pública, resulta adecuado considerar el mecanismo de la deuda pública como el vehículo mediante el cual se están socializando los costes de la crisis.

El proceso se agudiza si, ya sea por causas objetivables o derivado del “ánimo” de los mercados, se extiende la impresión de que el Estado puede tener dificultades para afrontar sus obligaciones financieras. Es decir, para seguir pagando los intereses de la deuda a sus acreedores. En esa situación, que es en la que podemos considerar que se encuentra la economía española desde mayo de 2010, entran en escena las políticas de austeridad y los recortes. El objetivo es doble: por una parte se trata, pura y simplemente, de ahorrar en ciertas partidas de gasto para poder dedicar esos recursos ahorrados al pago de intereses de deuda. Es decir: es una reubicación de recursos públicos. En segundo lugar, se pretende no sólo obtener esos recursos concretos, sino trasmitir la determinación de que se acometerán sin dilación todas aquellas medidas que sean necesarias para seguir garantizando el pago puntual de los intereses de la deuda. El objetivo es “calmar” a los mercados, porque su “estado de ánimo” influye directamente sobre el coste de la nueva deuda pública emitida.

Las medidas que se toman con este doble objetivo -conseguir recursos públicos para el pago de intereses y trasmitir determinación sobre la prioridad del pago de la deuda sobre cualquier otra cuestión- son múltiples, pero la mayoría comparten una misma dirección: recorte en servicios públicos y prestaciones, contrarreformas del mercado laboral y del sistema de pensiones,  etc. Si la regresividad con la que el Estado recauda impuestos ya determina que el pago de la deuda pública suponga una palanca de redistribución perversa de la renta, el acometimiento de este tipo de medidas, que afectan en mucha mayor proporción a los grupos de población más vulnerables, no hace más que profundizar el proceso. No debe pasar inadvertido, particularmente, el impacto específico de este tipo de recortes y políticas sobre las mujeres: el desmantelamiento de servicios públicos conlleva la “vuelta al hogar” de toda una serie de tareas de las que vuelven a encargarse las mujeres sin las contraprestaciones correspondientes; los cambios en el sistema de pensiones perjudican especialmente a las mujeres, que son las que mayoritariamente registran trayectorias laborales discontinuas e incompletas; las nuevas fórmulas laborales precarias, sobre todo aquellas que apuestan por el tiempo parcial, refuerzan la inserción laboral subalterna de las trabajadoras; etcétera.

Este proceso de redistribución perversa de la renta queda sintéticamente ilustrado en el siguiente gráfico. Conviene ser cuidadoso en su interpretación, porque se ha tomado el valor de las partidas presupuestarias consideradas en números índice, tomándose como base 100 el año 2008. Es decir, no se puede comparar la dimensión entre partidas: el sentido del gráfico es apreciar las variaciones en cada una de ellas.

Gráfico 2

Elaboración propia a partir de los Presupuestos Generales del Estado de 2008 y de 2012.

La dirección del proceso es inequívoca: el incremento relativo en el pago de intereses de deuda pública (de un 73% entre 2008 y 2012) se acompaña de una drástica reducción de los recursos que se destinan a servicios de una importancia social estratégica: el gasto en políticas públicas para el acceso a la vivienda se ha reducido un 40,5%, en educación pública un 24,3%, en cultura un 22,2%, un 10,4% en sanidad y un 7,4% en servicios sociales y promoción social. Es decir, se perjudican de forma directa las condiciones de vida de la población en peores condiciones, como contrapartida a unos ingresos financieros cada vez más importantes que se concentran en una parte minoritaria de la sociedad. Es decir: la factura de la crisis se pasa a la clase trabajadora y a los grupos sociales más vulnerables. Y este mecanismo se agudiza, haciéndose todavía más injusto, en un contexto de políticas de austeridad y recortes como el actual.

 

 Bibliografía:

  • Comisión Europea (2011): Taxation Trends in the UE. Disponible en

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-DU-11-001/EN/KS-DU-11-001-EN.PDF

  • Eursostat (2011): Govermemt Finance Statistics. Data 1996-2011. Disponible en

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EK-11-002/EN/KS-EK-11-002-EN.PDF


[3] Un análisis (no desglosado por países) sobre el impacto de los rescates bancarios efectuados entre 2008 y 2010 en la UE se puede encontrar en el siguiente informe de La Caixa:  http://www.pdf.lacaixa.comunicacions.com/im/esp/201202_esp.pdf En él se explica que según datos de Eurostat las intervenciones públicas en el sector financiero en 2008-2010 han generado pasivos para los Estados europeos por un valor de 643.625 millones de euros (un 5,2% de su PIB).

[4] Pueden encontrase en: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/expenditure.html#II (consultado el 9 de abril de 2012)

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